La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cuestionó la reunión del presidente de la República, Yamandú Orsi, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, en la que dialogaron sobre la salud de los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena por homicidios, torturas y desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura.
En una reunión reservada ocurrida meses atrás, de la que informó este jueves el semanario Búsqueda, Orsi mostró informes médicos del Hospital Militar —enviados por la ministra de Defensa, Sandra Lazo— sobre la salud de los reclusos. Allí, de acuerdo con el citado medio, el mandatario preguntó cómo debía proceder para que esos informes sean considerados por la Justicia.
Este jueves, en una rueda de prensa, el presidente fue consultado por el encuentro. “Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar, que como no sabía cómo había que proceder —si había que enviárselo a la Suprema Corte, o cómo era el mecanismo— voy y le pregunto. Y me dijo: ‘Eso lo resuelve cada uno de los jueces’. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente institucionalmente tenía algo que responder y lo hice con quien correspondía”, sostuvo.
En su comunicado, al que accedió Montevideo Portal, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos afirmó que “resulta llamativa e improcedente toda ‘consulta’ o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como sugerencia sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el terrorismo de Estado”.
“La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”, señaló también el comunicado.
La asociación remarcó que “las personas recluidas en Domingo Arena no están privadas de libertad por delitos comunes” y que, más allá de su tipificación formal, cometieron “crímenes inadmisibles”.
“No corresponde presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil. Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario”, sostuvo otra parte del comunicado.
“Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional. La sociedad uruguaya ha luchado durante décadas para terminar con la impunidad. Retroceder en este camino es inaceptable”, agregó.
“Reiteramos que la única vía para avanzar en la consolidación de una democracia plena es la vigencia de la justicia, la verdad y la memoria. Ninguna señal política debe poner en duda la legitimidad de los procesos judiciales ni el compromiso del Estado con la no repetición de los crímenes más graves de nuestra historia”, concluyó.