“Inaceptables”: Colegio de Abogados habló sobre la “red de los caranchos” y sus métodos

El Colegio de Abogados del Uruguay se pronunció este lunes sobre los hechos vinculados a la red de “los caranchos”, organizada por profesionales que presuntamente captaba clientes luego de siniestros de tránsito, y sostuvo que ese tipo de prácticas son “inaceptables e incompatibles con el ejercicio de la abogacía”.

Sin explicitar a la red, el colegio escribió un comunicado en referencia a “los hechos de público conocimiento”, en el que recordó las disposiciones éticas que regulan la actuación de los profesionales frente a las víctimas de accidentes.

El pronunciamiento se conoce pocos días después de que la fiscal Paula Pereyra, adscripta en la causa, revelara que la investigación alcanza actualmente a unas 70 personas indagadas y que, a su entender, maniobras similares podrían ocurrir “en muchos departamentos”.

La Fiscalía investiga una red que habría accedido a datos reservados de víctimas de accidentes de tránsito para que los abogados las contactaran y les ofrecieran representación legal, principalmente para tramitar indemnizaciones vinculadas al Seguro Obligatorio Automotor (SOA).

Según explicó Pereyra el viernes en Posta Oriental, de Radio Oriental, el caso surgió a partir de varias denuncias que inicialmente se investigaban por separado hasta que la Fiscalía detectó vínculos entre ellas.

“Nunca me imaginé lo que realmente sucedía, nunca me imaginé la magnitud”, reconoció.

La fiscal definió la estructura como una asociación para delinquir jerarquizada y estable en el tiempo, en la que los integrantes cumplían distintas funciones y no necesariamente mantenían contacto entre todos.

A los abogados, la Fiscalía les atribuyó el papel de “promotores”, una figura prevista como agravante en el Código Penal. Entre los formalizados hay profesionales del derecho, policías y un hombre que reúne la doble condición de oficial principal y abogado.

Pereyra sostuvo además que entre las víctimas se encuentran “cientos de personas” cuyos datos fueron filtrados. Algunas declararon que, después de sufrir un accidente, fueron contactadas por teléfono por desconocidos que incluso conocían las lesiones que habían sufrido.

En ese contexto, el Colegio de Abogados señaló que el ejercicio de la profesión supone actuar con “probidad, lealtad, independencia e irrenunciable compromiso hacia quien consulta”, además de respetar los intereses del cliente y el ordenamiento jurídico.

La organización, de acuerdo con esto, puso especial énfasis en diferenciar las eventuales responsabilidades penales del análisis de la conducta profesional.

“El debate ético relativo al comportamiento de los profesionales es y debe ser independiente del alcance de la Justicia penal”, sostuvo el comunicado, y agregó que en ese ámbito deben preservarse las garantías de los indagados, el debido proceso y la reserva de la investigación.

El colegio recordó además que el artículo 3.15.2-3 de su Código de Ética reprocha expresamente que un profesional se dirija, incluso mediante terceros, a “víctimas de accidentes o catástrofes que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado” debido a que atraviesan una desgracia reciente.

“La ética no es un complemento del ejercicio profesional: es su esencia misma”, agregó.

En ese sentido, afirmó que estas prácticas, una vez reconocidas mediante sentencia firme, resultan “incompatibles e inaceptables con el ejercicio de la abogacía”.

Finalmente, la institución reivindicó a los profesionales que ejercen respetando esos principios y sostuvo que diariamente miles de abogados trabajan “de manera silenciosa” en defensa de sus clientes.

“Reivindicamos a esos abogados y abogadas que dignifican la abogacía nacional”, concluyó el texto, firmado por el presidente del Colegio, Florencio Macedo, y su secretario, Álvaro Acordagoitia.