Fiscal explicó cómo funcionaba la red de los “caranchos”: “Nunca me imaginé la magnitud”

La fiscal Paula Pereyra brindó este viernes las primeras declaraciones públicas sobre la investigación que desarticuló una red dedicada a filtrar datos reservados de víctimas de accidentes de tránsito para que abogados las contactaran y les ofrecieran representación legal. 

Pereyra, que es adscripta en el caso, reconoció que la magnitud la sorprendió: “Había escuchado, como ciudadana nomás, alguna cuestión parecida a esta. Nunca me imaginé lo que realmente sucedía, nunca me imaginé la magnitud”, dijo este viernes, entrevistada en el programa Posta oriental (Radio Oriental).

La investigación no nació de una denuncia puntual, sino de varias que, al cruzarse, revelaron vínculos entre sí. “En determinado momento esta Fiscalía tomó conocimiento de varias de esas denuncias y pudo darse cuenta de que algunas de ellas estaban relacionadas entre sí. Y, con base en eso, cuando nos dimos cuenta de que efectivamente había un vínculo entre ellas, fue que se comenzó a analizar este caso como una red”, explicó.

Pereyra describió la estructura como una asociación para delinquir jerarquizada, estable en el tiempo, en la que no todos los integrantes se conocían ni cumplían el mismo rol. A los abogados la Fiscalía les asignó el nombre de “promotores”, figura contemplada como agravante en el propio Código Penal.

“No todo el mundo tiene vínculo con todo el mundo: funciona de manera sistemática, jerarquizada y cada uno tiene un rol diferente. Esto significa que no todo el mundo tiene el mismo rol ni obtiene la misma ganancia”, detalló la magistrada.

La fiscal también corrigió información que circuló en las últimas horas en redes sociales y medios de comunicación: “No hubo ningún enfermero imputado; es una cuestión que se está diciendo, pero no es correcta”. Las personas formalizadas son abogados, policías y un hombre que reviste la doble condición de oficial principal y abogado, entre otros. 

Pereyra subrayó que el daño causado va más allá de las instituciones. “No solamente es el Estado la víctima, sino, obviamente, las cientos de personas cuya información se ha filtrado. Varias han declarado que luego de tener un accidente se comunicaron con ellas telefónicamente ya sabiendo a veces, incluso, qué lesiones tenían”, dijo.

La investigación tiene actualmente alrededor de 70 indagados, aunque ese número cambia constantemente. “Cada vez que se analiza algún tipo de evidencia surgen más nombres y hay muchas personas que aún no están identificadas, por eso es importante que la reserva se mantenga”, advirtió. 

Al ser consultada sobre si la red podría ser más extensa de lo desactivado hasta ahora, respondió: “Sí, honestamente, creo que sucede en muchos departamentos. Fue una sorpresa para mí y para algunos de los abogados que compartieron estas extensas jornadas conmigo por la magnitud de todo esto”.