La Armada Nacional elaboró un informe en el que se habla de irregularidades en la construcción de las patrullas oceánicas OPV por parte del astillero español Cardama, en una compra que el Ministerio de Defensa anunció en diciembre de 2023 por un total de US$ 92 millones.
Según informó el periodista Eduardo Preve, la inspección concluyó que la instalación naval no contaba con los permisos necesarios para comenzar a construir las embarcaciones ni cuando se firmó el contrato ni cuando se efectuaron los primeros pagos, correspondientes a una suma aproximada de US$ 16 millones.
“El astillero no tiene la capacidad de construir los 42 módulos en el plazo establecido. El astillero toma riesgos, ya que los planos aún no presentados podrían tener observaciones de la clase. El proyecto, diseño y los planos están en fase de ser aprobados”, señala el informe.
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— Eduardo Preve (@EPreve) July 21, 2025
?? "El astillero (Cardama) no tiene la capacidad de construir los 42 módulos (de cada patrullera) en el plazo establecido", señala el informe de los inspectores de la Armada.
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Además, afirma que no está firmado el documento de control de soldaduras, faltan otros contratos y anexos técnicos, el balance eléctrico se encuentra “incompleto”, los motores se adquirieron sin intervención de Lloyd’s —empresa que se dedica al análisis de riesgos en la industria marítima— y hay contratos sin firmas certificadas ni protocolo notarial.
Por otra parte, la inspección detalla que Cardama no ha realizado botaduras ni colocaciones de quillas entre 2020 y 2024, no tiene antecedentes en la construcción de buques tipo OPV y hay información técnica que no ha sido entregada.
Dentro de las recomendaciones, el equipo inspectivo planteó la posibilidad de una “renegociación del contrato” en cuanto a las etapas de los pagos. A raíz de esta situación, el periodista informó que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, comunicó que la cartera va a “tomar el control” del proceso de seguimiento y pago del contrato.
A su vez, se resolvió enviar una “misión permanente” integrada por dos capitanes de navío a la ciudad española de Vigo para poder controlar “in situ” la construcción de las patrullas.
En abril, la ministra Sandra Lazo adelantó que se iba a iniciar una investigación administrativa por esta adquisición, acción que derivó en sanciones a varios altos cargos y al excomandante de la Armada Jorge Wilson por proporcionar información falsa o retrasar la entrega de datos a la líder de la cartera.