El pasado 27 de octubre, en declaraciones al semanario Búsqueda, el escribano español Luis Calabuig de Leyva soltó una bomba en el caso de las patrulleras oceánicas encargadas por Uruguay al astillero gallego Cardama.
En aquel entonces, el notario señaló que era “posible” que su firma, incluida en un “acta de manifestación” presentada por el astillero, fuera una falsificación. Ese documento acompañaba la garantía de fiel cumplimiento emitida por la firma británica Eurocommerce Bank, banco que se reveló como una empresa falsa y cuya falta de actividad hizo que recientemente se la retirara de los registros comerciales del Reino Unido.
Un día después de sus declaraciones, el escribano presentó una denuncia policial en España y ahora cuenta con un informe notarial que respalda de forma categórica sus sospechas.
El 8 de noviembre, el gobierno uruguayo recibió un informe de 43 páginas elaborado por el notario madrileño Ignacio Martínez-Gil. En el documento, analizado por el periódico La Diaria, el profesional concluye que las copias del acta entregadas por Cardama al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas “por ningún notario”.
En su informe, Martínez-Gil no oculta su sorpresa por lo burdo de la maniobra ni por el hecho de que semejante documentación siguiera su curso.
De hecho, califica al acta como una “clara falsificación” realizada por alguien “absolutamente ignorante” de la legislación notarial española, tanto por los errores formales como por el tipo de documento utilizado.
Según Martínez-Gil, bastaba una “lectura superficial” para advertir el modus operandi detrás de la maniobra. Asimismo, afirmó que en su “larga vida profesional” nunca había visto un acta de manifestaciones con esas características.
El informe analizó cuatro dimensiones de la garantía de fiel cumplimiento presentada por Eurocommerce: la validez formal de las actas, los aspectos sustantivos, la eficacia del testimonio notarial del aval y el derecho del MDN a requerir copias al notario que supuestamente autorizó el documento.
Las conclusiones están siendo estudiadas en el MDN y en Presidencia, y serán incorporadas esta semana a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Alejandro Machado.
Antes, durante la negociación con el astillero, el estudio Delpiazzo Abogados advirtió reiteradamente a la anterior administración del MDN sobre “desprolijidades” en la documentación aportada por Cardama, incluida la copia del acta con la presunta firma de Calabuig de Leyva. Pese a ello, el gobierno avanzó con la adquisición de las dos embarcaciones, valuadas en 82 millones de euros.
Al validar la garantía presentada por Cardama, las autoridades del MDN aceptaron un acta de manifestación en la que supuestamente Calabuig certificaba que Francisco Sabater Cabanes se había presentado en su estudio para asegurar que Alex Walsh tenía “facultades suficientes” para firmar el aval en nombre de Eurocommerce. Ese aval, superior a cuatro millones de euros, era indispensable para habilitar el pago de la primera cuota del contrato concretado en diciembre de 2024, cuyo monto era de unos ocho millones de euros.
Para Martínez-Gil, el objetivo del acta era “reforzar la apariencia de regularidad” de la operación, pero la falta de conocimiento de la normativa notarial española llevó a utilizar un documento “poco propicio a sus aviesas intenciones”. El notario expresó sorpresa ante el contenido del acta: “En toda mi larga vida profesional he visto un acta de manifestaciones con este contenido. Ni siquiera se explica por qué el otorgante está, a su vez, en condiciones de emitir ese juicio”, escribió.
El informe detalla que el procedimiento habría consistido en “extraer o desgajar” el último folio de una copia auténtica expedida por Calabuig de Leyva para luego adherirlo a un documento falso impreso en papel timbrado ordinario “elaborado ad hoc por el interesado”.
Durante el análisis, encontró, además, un elemento que calificó como “sorprendente”: el acta tiene fecha del 25 de noviembre de 2024, pero las copias presentadas ante el MDN figuran como expedidas el 26 de noviembre. Y, pese a ello, el documento sostiene que ya se habían emitido otras dos copias el 14 y el 18 de noviembre, lo que el notario consideró “ontológicamente imposible”. “No cabe expedir copia de un documento no otorgado y que todavía no existe”, indicó, reforzando la tesis de la falsificación.
Al finalizar, Martínez-Gil afirma que el MDN está “plenamente legitimado” para solicitar información al supuesto notario autorizante, Calabuig de Leyva, quien tendría interés en colaborar para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Todavía no está claro, subraya, qué otras personas pudieron haber intervenido en la maniobra.