El memorándum del gobierno que revela graves irregularidades en contrato con Cardama

El gobierno uruguayo anunció el pasado miércoles, a través de una conferencia de prensa, que rescindirá el contrato con la empresa Cardama (Francisco Cardama S. A.) por la compra de dos patrullas oceánicas. Al mismo tiempo, el presidente Yamandú Orsi informó que el Estado uruguayo presentará una denuncia en el ámbito internacional por una presunta maniobra de estafa.

Cardama no ejecutó la garantía correspondiente, pese a que el plazo había vencido, y la aseguradora que respaldaba el proceso es una empresa que dejó de existir hace semanas. Ecommerce Limited, de origen ruso y dirigida por Vladimir Suzdalev, solo tuvo un empleado en los últimos tres años.

Cuando el gobierno intentó corroborar si Ecommerce Limited seguía operando, constató que en sus oficinas funciona desde hace varios meses una inmobiliaria. Ante esto, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, viajó a Londres para asesorarse con un estudio jurídico y obtener más información.

Memorándum

El gobierno elaboró un memorándum en el que detalla todo el proceso y las irregularidades detectadas, además de advertir que algunas de ellas habrían estado en conocimiento de las autoridades del Ejecutivo, encabezado por el expresidente Luis Lacalle Pou.

Según el documento, al que accedió Montevideo Portal, el 15 de diciembre de 2023 el Ministerio de Defensa —entonces encabezado por el actual senador Javier García— y la empresa Francisco Cardama S. A. firmaron un contrato para la construcción y venta de dos buques OPV (Offshore Patrol Vessel).

“Dicho contrato fue suscrito por el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García Duchini”, indica el texto. Las cláusulas establecían, entre otros puntos, una “garantía de reembolso”.

“Por el monto de reembolso total del primer hito del contrato de cada buque, [la ejecución de la garantía] deberá constituirse dentro de los 45 días siguientes a la firma del contrato, siendo ello condición necesaria para la entrada en vigor del presente contrato”, señala una de las cláusulas.

Otra garantía establecida era la de “fiel cumplimiento”, correspondiente al 5% del monto total del contrato, que “deberá constituirse dentro de los 45 días siguientes a la firma del mismo y permanecer vigente durante la etapa de construcción”, según la cláusula 11 del documento firmado por García en representación del Estado uruguayo.

El 25 de enero de 2024, Cardama envió un correo al director general de la Secretaría de Defensa, Fabián Martínez, solicitando una prórroga de 30 días para constituir las garantías.

“Fundamenta que se encuentra en gestiones con las aseguradoras Banco de Seguros del Estado y Pymar”, indica el memorándum. García concedió la prórroga el 1° de febrero de 2024.

Javier García. Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El 24 de febrero, Cardama informó que no había podido gestionar la garantía a través del Banco de Seguros y que recurriría a una nueva empresa, Soms.us.

El 28 de febrero, la empresa española pidió una prórroga de 10 días para “finalizar el proceso administrativo de las mismas”. “El 4 de marzo de 2024, el ministro de Defensa Armando Castaingdebat comunica la extensión de la prórroga por un máximo de 10 días corridos, hasta el 9 de marzo”, agrega el documento.

Los días 5, 6 y 11 de marzo Cardama envió borradores de garantías a Defensa: el primero con Soms.us, el segundo con Redbrige y el tercero con Euro Exim Bank.

El 11 de marzo, Defensa pidió información al Banco Central sobre Redbrige y Euro Exim Bank. La respuesta fue que no “se pudo acceder a información financiera ni calificación de riesgo”. Tampoco se precisó si podían emitir ese tipo de pólizas. El Banco Central “sugiere la necesidad de un asesoramiento jurídico y con corredor de seguros para determinar riesgos, procedimiento de reclamos y formas de pago”, indica el documento.

Cardama envió certificados de Redbrige y Euro Exim Bank que supuestamente garantizaban su capacidad de emitir seguros.

El estudio jurídico Delpiazzo Abogados advirtió que Euro Exim Bank “no cumple con las condiciones de primer requerimiento exigidas por el contrato, y que su vigencia es de 42 meses a partir de la emisión y no desde la entrada en vigor”. Además, señaló observaciones sobre “jurisdicción, ley aplicable y fijación de idioma”.

En junio de 2024, Cardama informó que había solicitado un nuevo aval bancario a Euro Exim Bank y, el 9 de julio, que gestionaba otros avales, entre ellos uno con Abitab.

El 3 de setiembre de 2024, la empresa comunicó la negativa de Abitab a otorgar la garantía y solicitó un aplazamiento de 72 horas.

Las advertencias de Delpiazzo

El 6 de setiembre, Cardama presentó un borrador de la garantía de fiel cumplimiento emitido por Eurocommerce Ltd. Ese mismo día, el estudio Delpiazzo advirtió al director general de Recursos Financieros, Damián Galo, que el plazo para constituir la garantía había vencido.

Delpiazzo señaló que “el borrador de garantía presentado por Eurocommerce no cumple con la exigencia contractual: solo se concede por 365 días, cuando el contrato establece 42 meses desde la entrada en vigor. Además, deja librada la posibilidad de ejecución al consentimiento del incumplidor, no queda claro el proceso de cobro ni si es a sola demanda”.

El 12 de setiembre, Castaingdebat envió las observaciones a los borradores y proporcionó el número de cuenta del Ministerio de Defensa para un eventual depósito en efectivo.

Cardama, el 4 de octubre, remitió borradores de las garantías de Eurocommerce y Redbrige. El 7 de octubre, Delpiazzo concluyó que la de Redbrige se ajustaba al contrato, pero que la de Eurocommerce no cumplía las condiciones: tenía una vigencia de solo 365 días prorrogables.

El Ministerio de Defensa podía “aceptar esta variante sujeto a la responsabilidad de controlar la renovación anual 30 días antes del vencimiento, a fin de garantizar que la garantía se encuentre vigente durante los 42 meses o, en su defecto, ejecutar dicha garantía”, sostuvo Delpiazzo.

El 14 de octubre, Castaingdebat comunicó a Cardama: “Habiéndose analizado por parte del estudio Delpiazzo los borradores de avales remitidos a través de correo electrónico con fecha 4 de octubre de 2024, tengo el agrado de comunicarle que estamos en condiciones de continuar con el proceso de entrada en vigor del contrato, por lo que se solicita que remitan las garantías originales a este ministerio”.

Conclusiones

El memorándum concluye que “en los 11 meses que llevó el proceso se presentaron más de siete borradores de garantías de distintas entidades financieras, que no cumplían con los requisitos contractuales o no aseguraban a Cardama”.

También señala que las autoridades de Defensa consultaron solo una vez al Banco Central, que había recomendado asesoramiento jurídico y técnico especializado.

Pymar, una sociedad anónima española integrada por astilleros privados, informó que “interrumpió el proceso de análisis de constitución de garantía en abril de 2024 porque Cardama informó que ya las había constituido”.

“Defensa sabía que no tenía la garantía en esa fecha, puesto que recién aceptó su constitución en noviembre”, indica el documento. Además, señala que la garantía fue redactada en inglés y no fue apostillada.

Defensa “aceptó como forma de acreditar la representación el certificado notarial de un notario español (Luis Calabuig de Leyva), quien simplemente certificó que un tercero (Francisco Sabater Cabanes) se presentó ante él y dijo que el firmante de la garantía (Alex Walsh) tenía facultades suficientes para firmar en representación de Eurocommerce”.

Orsi. Foto: Dante Fernández / FocoUy (archivo)

El memorándum asegura que todos estos elementos fueron advertidos por Delpiazzo, pero “el Ministerio de Defensa siguió adelante y avaló las garantías”.

En su informe, Delpiazzo indicó: “Se trata de un documento que no se encuentra apostillado ni con certificación de la firma, ni surge que dicha persona tenga facultades para emitir la garantía. Se limita a adjuntar un certificado notarial emitido por un notario español que no certifica la firma ni la representación del firmante, sino que se limita a afirmar que el contenido del documento es lícito (aspecto que no es cuestionado). Por tanto, no surge de la documentación que el Sr. Alex Walsh pueda representar a la sociedad Eurocommerce”.

Delpiazzo también realizó gestiones para “poder subsanar estas falencias”. “Pero de los registros públicos accesibles en línea de esa entidad, los representantes que figuran no coinciden con el firmante. Asimismo, el domicilio que figura en el documento de la póliza no es el que surge del registro vigente, sino que es uno anterior”, añade.

“El día 22 de noviembre se firma constancia de recibido por parte de Francisco Cardama y de Fabián Martínez Massafferro, director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, de la certificación notarial apostillada de garantía de anticipo de Redbridge y Eurocommerce Bank”, informa el memorándum.

En setiembre de este año, el embajador de Uruguay ante el Reino Unido, Luis Homero Bermúdez Álvarez, acudió hasta las oficinas declaradas por Eurocommerce, pero allí funciona una inmobiliaria. Ante la consulta, le informaron que “nunca funcionó allí” la compañía.

El gobierno recurrió al estudio Arnold & Porter de Londres, al que solicitó información sobre la empresa.

La firma se registró el 31 de mayo de 2019 en Inglaterra y Gales. “Los estados financieros de Eurocommerce Limited indican que no desarrolla ninguna actividad económica y que tuvo un solo empleado en 2022, y ninguno entre 2023 y 2024”, sostiene el memorándum.

“A la luz de la situación de Eurocommerce, presentar una demanda contra el astillero es la vía más efectiva. Se sugiere, a su vez, presentar denuncia ante múltiples agencias responsables de investigar fraudes en el Reino Unido”, finaliza el documento.