La abogada Soledad Suárez, quien representa a las víctimas que denunciaron por delitos sexuales al exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés, se refirió al otorgamiento de prisión domiciliaria hasta que se desarrolle el juicio para el exlegislador y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín.
Para la defensa de los denunciantes, la resolución de la jueza Marcela Vargas es “claramente equivocada” y “trae consecuencias graves”. “Lo que más nos preocupa, por el rol que tenemos y porque son personas, es la situación de las víctimas, pero también de los testigos”, dijo la abogada en entrevista con Lado B (TV Ciudad).
Laura Robatto, quien representa al exsenador nacionalista, dijo en una entrevista en el programa Desayunos informales (Canal 12) que “la Fiscalía no tiene elementos” para que se pueda formular una acusación contra su defendido.
Suárez respondió que no coincide “en nada” con el argumento de Robatto. “Para el estadío procesal en el que estamos, estamos sobrepujados respecto al fondo del asunto. De hecho, ya estamos con prueba para haber acusado; no se acusa porque hay más pruebas para diligenciar”, aseguró.
“Así yo tenga un montón de evidencias y pruebas anticipadas, si hay más aspectos para investigar, sería negligente —violatorio del estándar de debida diligencia reforzada— no hacerlo”, agregó.
Durante la audiencia del pasado miércoles, la jueza Vargas argumentó que “Penadés perdió el poder por el impacto del paso del tiempo”. “En algún momento su calidad de senador tuvo que ver para dictar la prisión preventiva y por el entorpecimiento que, de hecho, se dio, porque el poder político influyó”, agregó en su alegación.
Ante esto, la abogada de las víctimas sostuvo que “de ninguna manera” el paso del tiempo es un “argumento suficiente”. “Nosotros, al plantear los agravios, expresamos que el tiempo tiene una incidencia relativa, de bastante baja calidad para apreciar y determinar que los riesgos bajan”, manifestó.
“La doctora [Vargas] centra la pérdida de poder en que [Penadés] perdió el cargo, según sus propias palabras. Nosotros consideramos que la pérdida del cargo no es equivalente a la pérdida de poder”, añadió.
Una de las profesionales que se expresó en redes sociales luego del otorgamiento de domiciliaria fue Valentina Piquinela. Según su relato, “minutos antes” de que tuviera lugar la audiencia por el caso del exsenador, la jueza Marcela Vargas le negó la domiciliaria a una mujer “sin recurso alguno” que ella defiende y que tiene “dos hijos adolescentes solos en su casa”.
Consultada sobre si en Uruguay existe una “Justicia para ricos” y otra para “pobres”, Suárez respondió afirmativamente. “Coincido absolutamente con la selectividad del sistema. Cabe preguntarse cuántas prisiones preventivas se disponen en situaciones donde el propio delito informa sobre la diferencia de poder (abuso o explotación sexual) y en otros tipos de delitos (rapiñas o ingresar cierta cantidad de sustancias al sistema carcelario)”, comentó.
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