El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) abre por primera vez “La cárcel del pueblo” este sábado 23 de abril para el primer grupo de interesados en conocer uno de los sótanos más emblemáticos de la violencia política que caracterizó a Montevideo y al resto del país en la década de 1970.

En la calle Juan Paullier 1190 (u 1192), entre Charrúa y Canelones, el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) mantuvo cautivos a políticos, y en ese mismo sótano años después, según denuncias de militantes comunistas, militares del Ejército torturaron a hombres y mujeres.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, explicó el 12 de abril en una entrevista en Telenoche los motivos de la apertura del sitio, donde, tal como relevan las fotos del lugar, se recuerda con fotografías a quienes fueron secuestrados por el MLN-T. "Esto es parte integrante de la historia reciente y la historia para ser comprendida en su totalidad, no puede tener recortes (...) Este año justamente se cumplen 50 años de que las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, capturó y liberó a quienes estaban secuestrados allí", recordó el ministro, quien explicó por que no habrá guía ni folletos con un relato de los hechos.

“No le corresponde a un ministro sacar las conclusiones; le corresponde al ciudadano", dijo García entonces en el informativo de canal 4, y agregó que "las violaciones a los derechos humanos, la tortura, muerte o desaparición, son repudiables siempre, las cometa quien las cometa”.

La apertura del sitio este sábado para los primeros que se agendaron, la información disponible y estas declaraciones del ministro generaron comentarios y recuerdos de políticos e historiadores.

El presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Faroppa, fue consultado por Montevideo Portal sobre sobre la apertura de "La cárcel del pueblo" por parte de MDN y sobre el anuncio del ministro.

A continuación, transcribimos textualmente la respuesta de Faroppa: “En países que han sufrido situaciones de grave violencia política, como sucedió en Uruguay a partir de los años 60, este tipo de debates se repiten en la actualidad y se van a seguir repitiendo. Es muy difícil llegar a un acuerdo nacional sobre una memoria única sobre determinados eventos.

No quiero banalizar el tema, pero aún hoy, a días del 11 de abril, seguimos discutiendo si Salsipuedes fue una masacre o no, si fue un genocidio, si fue una situación menor, y estamos hablando de muchos años para atrás.

La llamada ‘Cárcel del pueblo’ es sin dudas un edificio que tuvo particular relevancia en el enfrentamiento que hubo en Uruguay entre el Estado y las fuerzas subversivas o la guerrilla o el Movimiento de Liberación Nacional o los insurgentes o como cada uno le quiera llamar – y eso me parece importante, porque el lenguaje tiene importante -.

Con respecto a lo que plantea el ministro García, con quien tengo una muy buena relación desde hace muchos años, en primer lugar, me parece bien, porque es un lugar donde sucedieron hechos históricos y es muy bueno que se abra a que la población y la gente más joven lo pueda conocer y ver. Porque hay cosas que no se pueden negar: lo que pasó pasó y tiene que haber la mayor apertura posible. En segundo lugar, respecto a la información: no lo conozco, no he estado en el lugar, creo que sería muy bueno sí, como se ha hecho en otros sitios de memoria, hacer una información de contexto, también por supuesto señalar que ese lugar luego sirvió como centro clandestino de detención, después que fue derrotada la guerrilla y cayó esa casa que se llamó ‘Cárcel del pueblo’.

En principio me parece muy bien. La información con el mayor grado de objetividad es fundamental para que la población vaya construyendo un relato de hechos muy dolorosos que sufrió la sociedad uruguaya y que nos marcan y no podemos negar. Lo peor que se puede hacer con estas cosas es negarlas, ocultarlas. La verdad es dolorosa, nos genera conflictos, tensiones, debate, pero es lo mismo que pasa con un paciente que tiene una determinada enfermedad, que puede ser una enfermedad terminal; desde mi punta de vista lo mejor es que se maneje la verdad, la realidad, cuáles son los hechos, y después que el paciente resuelva, y en este caso concretamente que la sociedad uruguaya y sobre todo las generaciones actuales resuelvan.

Con una información que tiene que ser muy clara y que sería muy bueno que estuviera en una línea común. Por ejemplo, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde funciona hoy, en Bulevar Artigas 1532, es un sitió de memoria declarado de esa manera porque fue un lugar durante los tiempos del terrorismo de Estado gente fue detenida ilegalmente, torturada y en algunos casos desaparecida y hasta hoy continúan siendo desaparecidos. Escuché hace poco a un integrante del sistema político plantear que habría poner otras cosas, que ahí faltan otras cosas. No sé, puede ser, pero no es ahí donde pueden faltar otras cosas.

Cada sitio de memoria tiene que tener su significación. Es como si en ‘La cárcel del pueblo’ por ejemplo pusiéramos información sobre Los fusilados de Soca. Son cosas distintas. Los fusilados de Soca tienen que ser recordados en el lugar donde se produjo ese hecho, con información, sobre qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables.

En segundo lugar, tengo una discrepancia que no es solamente técnica, académica, con el ministro García. Las obligaciones de respetar derechos humanos desde el punto de vista jurídico, de las obligaciones internacionales es del Estado. Obviamente, si queremos hablar desde el punto de vista filosófico, religioso, es otra cosa, pero jurídicamente el garante de la vigencia de los derechos humanos es el Estado, por lo tanto, solo puede vulnerar o violar derechos humanos el Estado. Los particulares, sea a nivel individual o a nivel de una organización armada, etcétera, cometen delitos. Obviamente vos me podés decir ‘si yo mato a mi vecino le estoy violando el derecho a la vida’. Desde el punto de vista filosófico está bien. Desde el punto de vista jurídico estoy cometiendo un homicidio.

Ahora, si un funcionario policial mata a una persona sin cumplir estrictamente con las reglas de uso de la fuerza que establece el Estado de derecho, el Estado, porque se trata de un funcionario público, es objetivamente responsable de violar derechos humanos. Capaz que nadie le da mucha relevancia a esto, pero yo creo que la tiene, porque si no entreveramos mucho la baraja.

Yo trabajé en el proceso de paz de El Salvador durante las negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra civil. En El Salvador era una guerra civil en serio, las fuerzas insurgentes ocupaban la mitad del territorio prácticamente, se llegó a una negociación de paz y uno de los primeros acuerdos fue sobre derechos humanos y, con la intermediación de Naciones Unidas, el gobierno de la época, que tenía la representación jurídica del Estado salvadoreño, se comprometió a respetar los derechos humanos en los territorios bajo su control. La guerrilla, por su parte, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se comprometió a respetar la dignidad humana en los territorios bajo su control. ¿Por qué? Porque la guerrilla no podía asumir responsabilidad en materia de derechos humanos.

Es un detalle importante. Respecto a lo otro: me parece perfecto que se establezca la apertura de la cárcel del pueblo, del lugar donde murió Pascasio Báez y otro tipo de situaciones con un relato histórico para que quien va ahí sepa qué pasó, y que en el caso de la cárcel del pueblo sepa lo que pasó después, que fue un centro clandestino de detención.

También me parece que no se deberían realizar intervenciones que tengan que ver con otros hechos de la memoria histórica del país en el edificio que hoy ocupa la INDDHH porque ahí un claro lugar de memoria porque fue donde desapareció la madre de Macarena Gelman, y donde hubo una detención ilegal de muchos uruguayos que fueron torturados sometidos a detención ilegal y en algunos casos están desaparecidas.

Me parece bien abrir, abrir, abrir, que entre aire, abrir toda la ventana, que las cosas se sepan, pero no entreverar, para no generar la falsa concepción de que lo que hizo la guerrilla armada de los años 70 está al mismo nivel que las violaciones a derechos humanos durante el terrorismo de Estado, porque esos años quien violó los derechos humanos fue el Estado. La guerrilla pudo haber cometido delitos, actos que para algunas personas desde el punto de vista humanitarios son inaceptables. Pero si estamos hablando de violaciones a DDHH respecto al derecho internacional de los DDHH hay que poner las cosas claras”.

Inscriptos y reedición

Fuentes del ministerio de Defensa consultadas por Montevideo Portal informaron que hasta este miércoles se habían inscripto 650 interesados en conocer “La cárcel del pueblo”. El sitio estará abierto los sábados para ser visitado solo por quienes se agendaron previamente.

Por otra parte, Editorial Fin de Siglo anunció en las últimas horas la edición del libro La ultima cárcel del pueblo, del periodista Mauricio Almada. "Si hubiera que precisar un momento para marcar la derrota militar definitiva del MLN, ese sería el 27 de mayo", destaca la editorial en el anuncio de la reedición.