Este jueves por la noche fue enviado a prisión, el hombre de 39 años, que horas antes, había sido detenido en Chuy, como el principal sospechoso del crimen de la argentina Lola Chomnalez, ocurrido en diciembre de 2014 en Valizas. El juez Juan Giménez Vera dispuso el inicio del proceso por “homicidio muy especialmente agravado”.
El juez Juan Giménez Vera dijo entrevistado en el programa Otra Mañana de Radio Oriental (770 AM) que “hubo una investigación del Banco de Huellas Genéticas de la Dirección Nacional de Policía Científica y a partir de allí se llegó a un familiar de la persona que ayer fue procesada”.
“La Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rocha fue la que concretó la ubicación de esta persona. Se hizo un ADN de él que coincide con el ADN que estaba en las pertenencias de Lola (en el documento de identidad y en la toalla que llevaba) y se había hecho en el años 2015”, agregó.
El juez explicó que el hombre no admitió el homicidio, pero sí “haber ubicado la mochila en la playa y haber sustraído dinero”, pero dijo que la dejó en el lugar que la encontró. Este caso se rige por el Código Penal anterior, por lo que se debe “cumplir con el auto de procesamiento, luego viene una etapa probatoria (manifiesto) y allí las partes pueden ofrecer pruebas de acuerdo a las posiciones que Fiscalía y la defensa de las personas tengan. El siguiente paso es la acusación, el expediente pasa a manos del Ministerio Público y este plantea formalmente su pedido de condena o sobreseimiento. La defensa contesta esa acusación y el juez debe resolver”, aseguró Giménez Vera sobre cómo continúa la investigación.
Por otro lado, consideró que “es aventurarse” decir que el caso está cerrado por más que el ahora procesado “está vinculado genéticamente al hecho y hay una prueba científica que lo vincula en el hecho”. “La responsabilidad (del hombre) en concreto es el objeto del sumario penal”, acotó.
Giménez Vera sostuvo que el procesado, de iniciales L.D.S, “se expone a la pena que establece el artículo 312 del Código Penal, que es un mínimo de 15 años de penitenciaría a un máximo de 30”. “Se expone a la máxima pena que permite el ordenamiento jurídico uruguayo. Eso será objeto de la sentencia definitiva y donde se valoren todos los elementos que se produzcan durante el sumario penal y en el presumario, que termina con el auto de procesamiento”, expresó el juez.
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