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“Daño patrimonial”: qué dice el informe de la Comisión de Ética del PN sobre el edil Gómez
El dirigente admitió que Leiva cobraba sin realizar tareas y aseguró que los demás asesores sí cumplen funciones en su secretaría.
Montevideo Portal
gLa Comisión de Ética del Partido Nacional (PN) concluyó que el edil Gonzalo Gómez hizo un “uso indebido de recursos públicos” al contratar como asesor a Pablo Leiva y mantener el pago de su salario pese a que este no realizaba tareas, y consideró que esa conducta provocó un “daño patrimonial” que debe ser reparado.
El dictamen, fechado el 3 de octubre y al que accedió Montevideo Portal, fue aprobado por unanimidad y sirvió de fundamento para que el directorio blanco resolviera este lunes suspender durante dos años los derechos y obligaciones partidarias de Gómez.
El documento establece que Gómez “admitió haber hecho uso de la partida que la Junta Departamental dispone para la contratación de Pablo Leiva como asesor, sin que éste cumpliera tarea alguna”, situación que, según la comisión, “constituye una erogación de dineros públicos sin contraprestación”.
A partir de esto, el órgano partidario señala que “condena dicha conducta por implicar el uso indebido de recursos públicos” y considera que corresponde una “reparación económica” por parte del edil debido al “daño patrimonial causado”.
En ese sentido, la comisión tomó en cuenta la decisión comunicada por Gómez de restituir a la Junta Departamental de Montevideo todo el dinero erogado para pagar los salarios de Leiva desde su contratación —en diciembre de 2025— hasta su cese. El edil incluso exhibió ante la comisión la nota que anunció que presentaría al legislativo departamental para manifestar formalmente su voluntad de devolver esos fondos.
Qué declaró Gómez ante la comisión
Gómez solicitó ser recibido por el organismo y fue interrogado sobre las contrataciones de personal que realizó, tanto por el “efectivo cumplimiento de tareas” como por “la índole y los criterios aplicados para la selección de dichos asesores”.
Según el documento, Gómez ratificó la versión que habría brindado públicamente: al asumir como edil, contrató como asesor a Lucio Leiva, hijo de Pablo Leiva y entonces militante de la juventud nacionalista, quien desempeñaba tareas tanto en la Junta Departamental como en la Juventud del PN.
Fue Lucio, de acuerdo con la declaración recogida por Ética, quien posteriormente le sugirió contratar a su padre. Gómez aseguró que en ese momento desconocía las actividades ilícitas de Pablo Leiva.
Sin embargo, el propio Gómez reconoció ante la comisión que Pablo Leiva “no prestó servicios para el edil a pesar de cobrar su salario desde diciembre de 2025”. Tras conocerse la imputación de Leiva por lavado de activos, Gómez dijo que lo cesó “inmediatamente” de sus funciones.
La comisión también interrogó a Gómez sobre los demás asesores contratados con las partidas de la Junta. El edil respondió que el resto “sí cumple con tareas dentro de su secretaría” y proporcionó al órgano partidario tanto sus nombres como las funciones que desempeñan.
Ética no determinó que Gómez conociera las actividades ilícitas
Otro de los puntos centrales del dictamen es la diferenciación que hace la comisión entre la responsabilidad ética de Gómez por el manejo de fondos públicos y su eventual conocimiento de las actividades delictivas de Leiva.
El edil declaró que “desconocía en absoluto” las actividades ilícitas de su exasesor y que no había ningún elemento que le permitiera sospechar de ellas.
Sobre este punto, la Comisión de Ética evitó llegar a una conclusión y dejó asentado que “no tiene elementos de juicio para pronunciarse acerca del conocimiento del edil Gonzalo Gómez respecto de los hechos delictivos”, por lo que se atuvo a la declaración realizada por el dirigente.
La conclusión y la sanción propuesta
Finalmente, los cinco integrantes de la Comisión de Ética —Carmen Asiaín, Eduardo Lombardi, Guido Berro, Jorge Chediak y Gonzalo Novales— reconocieron por unanimidad que la conducta de Gómez era “merecedora de condena ética”.
El organismo fundamentó su posición en “la contratación de un asesor con dineros públicos sin que éste prestara tareas” y recomendó al directorio suspender los derechos y obligaciones partidarias del edil durante dos años. También planteó incorporar a la decisión partidaria el compromiso de Gómez de reintegrar a la Junta los salarios pagados indebidamente.
El Directorio hizo suyo el dictamen este lunes y aplicó la suspensión sugerida. Además, entendió que Gómez “debería apartarse del ejercicio del cargo” en la Junta Departamental de Montevideo mientras dure la sanción.
El caso se originó luego de que Leiva, quien figuraba como asesor de Gómez, fuera condenado a dos años y seis meses de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico y tráfico interno de municiones en el marco de la operación Trazador. Tras hacerse pública la situación, Gómez reconoció que el hombre cobraba un salario como asesor pese a no desempeñar las tareas para las que había sido contratado.
Negligencia en el control
La Comisión valoró que el edil no verificó adecuadamente las referencias ni controló que Pablo Leiva cumpliera efectivamente las tareas para las que fue contratado con dinero público.
Responsabilidad política y ética
Aunque no se probó conocimiento previo de las actividades ilícitas, la Comisión concluyó que existe responsabilidad ética por permitir que fondos públicos se destinaran a un contrato sin contraprestación real.
Reparación del daño
La Comisión valoró positivamente el compromiso de restitución patrimonial asumido por el edil, y sugirió incorporarlo como condición dentro de la resolución del Directorio del Partido.
Montevideo Portal
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