“Conforme a derecho”: Sánchez respaldó a Lazo ante la denuncia penal por caso Cardama

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respaldó este martes a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, luego de que la coalición republicana anunciara que presentará una denuncia penal en su contra por un presunto delito de abuso innominado de funciones en el marco del caso Cardama.

Sánchez aseguró que el gobierno está “muy tranquilo” con el proceder de Lazo y sostuvo que la ministra actuó dentro de la legalidad al disponer la rescisión del contrato con el astillero español. “La ministra sabe que tiene respaldo y sabe que ha actuado conforme a derecho, y ha hecho las cosas bien en pro del Uruguay”, afirmó.

El jerarca cuestionó además la decisión de la oposición de recurrir a la Justicia y consideró que la denuncia no constituye el punto central del caso. “Cualquier persona en Uruguay puede hacer la denuncia que considere pertinente”, señaló, aunque agregó que, a su entender, se trata de “un intento de poner una cortina para que no se hable del problema legal, que son las garantías falsas”.

Sánchez defendió la actuación del Poder Ejecutivo y sostuvo que el gobierno actuó ante un contrato millonario en el que se presentaron garantías que no eran válidas. “Frente a un escenario de un contrato millonario y una empresa que entregó garantías que no eran las correctas, rescindimos el contrato”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las irregularidades en las garantías ya son reconocidas por distintos sectores políticos. “Lo primero que muchos dijeron que se estaba exagerando desde el gobierno, hoy lo reconoce todo el sistema político: que se recibieron garantías que no eran buenas y eran de una empresa inexistente”, dijo.

El secretario de Presidencia también planteó dudas sobre las primeras garantías presentadas durante el proceso y defendió la decisión tomada por el Ejecutivo. “Nosotros procedimos como debe proceder un gobierno en el marco de un Estado de derecho”, sostuvo.

Sánchez apuntó además contra la administración anterior por los controles realizados sobre las garantías y por haber permitido que Cardama continuara avanzando en el proceso pese a las dificultades para obtener respaldos financieros. “Hay responsabilidades u omisiones en el gobierno anterior que recibió estas garantías, que no las controló”, afirmó.

Versiones cruzadas

La coalición republicana cuestionó en conferencia de prensa el pasado lunes que a pesar de que en mayo de 2025 ya estaba tomada la decisión de rescindir el contrato con Cardama, en junio se hayan pagado 12 millones de euros por las patrulleras. La oposición también señaló supuestas omisiones en los controles sobre la construcción de las patrulleras y cuestionó la participación de personas ajenas al Ministerio de Defensa en investigaciones vinculadas al caso. 

Por su parte, el Frente Amplio señaló al expresidente Luis Lacalle Pou como el “primer responsable político” del caso, por haber respaldado la adquisición de las patrulleras y, según el oficialismo, la forma en que se desarrolló el proceso. El informe también identifica presuntas irregularidades vinculadas con las garantías, las prórrogas y distintos pagos realizados durante la administración anterior, y plantea remitir a la Fiscalía los hechos que, a juicio de los legisladores, presentan apariencia delictiva.