Frente Amplio acusó a Lacalle Pou de ser el “primer responsable político” del caso Cardama

El Frente Amplio presentó este lunes las conclusiones de sus legisladores sobre el trabajo de la comisión investigadora del caso Cardama, cuyos resultados apuntaron contra el expresidente Luis Lacalle Pou como el “primer responsable político” de lo ocurrido durante la contratación.

“Entendemos que el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou”, afirmó el senador Nicolás Viera durante una conferencia de prensa junto a otros legisladores y al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

Según Viera, esa responsabilidad surge no solo por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el proceso, sino por “haber respaldado políticamente” la adquisición de las patrulleras y “la forma irregular con la cual se actuó”.

El senador también señaló responsabilidades políticas del exministro Javier García, su sucesor Armando Castaingdebat y distintos funcionarios de confianza del Ministerio de Defensa que participaron en el proceso.

El diputado Joaquín Garlo, por su parte, sostuvo que después de seis meses de investigación, el oficialismo identificó una serie de “irregularidades graves” y hechos que, a su entender, presentan apariencia delictiva y deberían ser investigados por la Fiscalía.

Entre ellos, mencionó la documentación falsa utilizada para constituir las garantías, el otorgamiento de prórrogas sin registros y los pagos efectuados sin tener a la vista los documentos originales, traducidos y apostillados.

El informe en mayoría presentado por el Frente Amplio sostiene que la documentación falsa habría permitido obtener del Estado desembolsos por más de 16 millones de euros durante la administración anterior. También plantea que corresponde investigar la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron por acción u omisión, aunque aclara que la comisión no atribuye delitos ni responsabilidades penales individuales.

“Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de todo este proceso, pero los hechos consumados por Cardama no podrían haberse consumado sin la acción u omisión de funcionarios públicos”, subrayó Garlo.

Entre los aspectos que el oficialismo cuestiona aparece el propio procedimiento utilizado para elegir a Cardama. El informe señala que en 2022 existían más de 80 requisitos técnicos, mientras que al año siguiente las exigencias se redujeron a tres y los técnicos que habían trabajado en el proceso anterior dejaron de participar.

Para los legisladores del FA, el mecanismo terminó transformándose en un “camino a medida de un oferente determinado”, con menos controles y garantías de comparación. También remarcan que la propuesta inicial de Cardama era de 68 millones de euros y el contrato terminó cerrándose por 82,27 millones.

Otro de los puntos centrales está en lo ocurrido después de la firma. Según el documento, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 hubo casi un año de actuaciones vinculadas con las garantías que no quedó registrado en el expediente administrativo y debió reconstruirse posteriormente a través de correos electrónicos.

El FA también cuestionó las sucesivas prórrogas otorgadas a Cardama. Tanto García como Castaingdebat asumieron ante la comisión la responsabilidad política por decisiones tomadas durante sus respectivas gestiones.

Garlo puso además el foco en el segundo pago, por más de 8 millones de euros, que, según sostuvo, fue autorizado pocas horas después de que Cardama enviara documentación en inglés y sin apostillar.

El informe señala que ese desembolso fue aprobado cuando la documentación todavía presentaba carencias y a pocos días del cambio de gobierno. Para la mayoría de la comisión, la secuencia forma parte de una serie de decisiones tomadas “sin expediente, sin resoluciones fundadas” y sin controles debidamente documentados.

En ese sentido, el senador Eduardo Brenta defendió la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato y afirmó que permitió evitar el pago de más de 50 millones de euros que todavía quedaban pendientes.

El informe fija esa cifra en 53,47 millones, al considerar la diferencia entre los 82,27 millones de euros comprometidos y los 28,79 millones que ya han sido desembolsados.

Durante la conferencia, el Frente Amplio también fue consultado por el pago realizado por la administración de Sandra Lazo. Viera respondió que, cuando se efectuó ese desembolso, todavía no se habían detectado las irregularidades de las garantías y el contrato seguía vigente.

El documento oficialista agrega que ese pago correspondió al denominado Hito C, por 12,34 millones, y sostiene que se produjo a través de una carta de crédito irrevocable que ya había sido abierta antes del cambio de gobierno.

Para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la investigación realizada en los últimos meses demostró que “nos quisieron estafar”.

“Había joda, los documentos eran truchos”, dijo, y también incluyó a Lacalle Pou entre las responsabilidades políticas. De acuerdo con esto, el jerarca sostuvo que el expresidente “siguió esta compra y la avaló, al igual que cada uno de estos procedimientos”.

El siguiente paso será la discusión de las conclusiones en la Asamblea General. El Frente Amplio propondrá remitir a la Fiscalía toda la documentación reunida por la comisión y denunciar los nuevos hechos que considera de apariencia delictiva.

Garlo remarcó que el objetivo es que la resolución no quede limitada al oficialismo y pidió que el resto de los partidos acompañe el envío de los antecedentes.

Por otro lado, la bancada de oposición anunció que denunciará penalmente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por presunto abuso de funciones y defendió el proceso de compra realizado durante el gobierno anterior.

La coalición sostuvo que no detectó hechos de corrupción en la contratación, cuestionó la rescisión dispuesta por la actual administración y también señaló eventuales responsabilidades de otros jerarcas, entre ellos Jorge Díaz y Alejandro Sánchez.