El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se manifestó a favor de la Ley Integral para Personas Trans y en contra del prerreferéndum que se llevará adelante el próximo 4 de agosto en un intento por derogarla.

El presidente del SMU, Gustavo Grecco, dijo a Montevideo Portal que esta es una ley que "consagra derechos a una población segregada".

"Estamos hablando de una población que sufre la discriminación desde temprana edad, incluso desde su propio hogar, y que tiene una expectativa de vida no mayor a los 40 años en nuestro país, cuando para el resto de la población es el doble", señaló.

El presidente del sindicato de médicos opinó que esta ley "repara en algo la situación de vulnerabilidad e iguala en derechos a esta población".

A su vez, se dispuso a rebatir el argumento más destacado por quien impulsa la campaña de prerreferéndum, el nacionalista Carlos Iafigliola, quien señala que esta ley da marco a que los menores de edad inicien procesos de hormonización para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres o tutores.

"Los argumentos que se usan sobre los alcances de la ley son incorrectos, y algunos de ellos directamente son mentira", señaló Grecco.

"El punto clave de esta situación, más allá de las compensaciones económicas, pasa por la hominización y la cirugía de cambio de sexo. Esta es una situación absolutamente infrecuente en nuestro país", dijo y agregó que en Uruguay no se hormonizan niños y adolescentes sin la anuencia de sus referentes.

"La ley refiere específicamente a los derechos consagrados en el Código de la Niñez y no hay una innovación al respecto", expresó Grecco en referencia a la ley.

En un comunicado emitido por la organización sindical de médicos el pasado miércoles se hizo hincapié en esta situación.

"La ley no plantea que niños o niñas vayan a recibir tratamientos hormonales o quirúrgicos, incluso con el consentimiento de los padres. Eso está en contra de los procesos médicos establecidos y en contra de las vías de hormonización", señala el escrito.

"La ley no vulnera la patria potestad, por el contrario, la fortalece. La patria potestad tiene dos componentes: uno es el derecho y el otro son las obligaciones, y dentro de las obligaciones de la patria potestad está el educar y alimentar a los hijos hasta los 18 años. Muchos padres y madres de personas trans no asumen las obligaciones de la patria potestad dado el nivel de expulsión del hogar muy elevado con una edad promedio de 16 años", agrega.

"En ningún caso un menor decidirá sobre tratamientos sin el consentimiento de un adulto presente, y en caso de diferencias con el adulto, intervendrá el sistema judicial", añade el comunicado del SMU.

Por otro lado, el documento rechaza algunas otras falacias argumentativas contra la ley. De esta manera, afirma que no se cobrarán impuestos a los salarios y jubilaciones para financiar lo dispuesto en la normativa.

"Los profesionales médicos y de otras disciplinas que han acumulado experiencia en este tema, consideran que la ley mejoró el acceso a la salud de esta población y ofrece garantías a los usuarios, a sus familias y a la sociedad toda", agrega el sindicato.

"Interesa puntualizar que los argumentos que se manejan para impulsar la derogación de esta ley son falsos, generando desinformación y confusión en la población. Esto compromete la posibilidad de la ciudadanía de decidir responsablemente", resume el documento del Sindicato Médico.