La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados aprobó el miércoles el proyecto de ley que obliga a realizar concursos públicos para ingresar a trabajar en las intendencias. La iniciativa, basada en un texto presentado en la legislatura pasada por el fallecido senador Adrián Peña, fue respaldada por el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. El Partido Nacional no acompañó.

En entrevista con En perspectiva, el presidente de la comisión, Fernando Amado, dijo que el proyecto responde a una “demanda social” por más transparencia en el ingreso a la función pública. “Recorremos muchos departamentos y es una demanda social el hecho de generar el instrumento del concurso para el ingreso a los gobiernos departamentales”, afirmó.

El texto, que será discutido en el plenario el 6 de mayo, requiere una mayoría especial de dos tercios (66 votos). Según Amado, los respaldos ya están: 48 votos del Frente Amplio, 17 del Partido Colorado y 2 de Cabildo Abierto. Además, dijo tener “fundada esperanza” de sumar apoyos del Partido Independiente, Identidad Soberana y otros legisladores del Partido Nacional.

El proyecto establece dos artículos clave. El primero dispone que los ingresos y ascensos en intendencias deben hacerse por concurso público, respetando principios de “publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y ponderación de méritos”. Se admite el sorteo público solo si es justificado por el jerarca departamental.

El segundo artículo prohíbe designar nuevos funcionarios dentro de los 12 meses anteriores al fin del período de gobierno. Esto busca evitar contrataciones con fines electorales.

Consultado sobre las críticas nacionalistas que alegan que esta ley podría afectar la agilidad de gestión en las intendencias, Amado respondió: “Es una excusa infantil. Un intendente tiene cinco años para organizar ingresos por concurso”.

Además, defendió que el sistema “no burocratiza” los procesos y señaló que los concursos ya existen con éxito en varios departamentos, como Montevideo. “El único año en donde no pueda haber concurso es en el último, porque nos parece de buen criterio”, subrayó.

Frente a los cuestionamientos sobre posibles concursos hechos “a medida”, Amado adelantó que se analiza incorporar mecanismos de contralor desde las juntas departamentales, respetando la autonomía municipal.

Sobre este punto, aclaró: “La Constitución permite al Parlamento legislar sobre gobiernos departamentales si hay mayorías especiales, y eso es lo que estamos haciendo”. Aseguró además que todos los catedráticos consultados coincidieron en la constitucionalidad del texto.

“Queremos erradicar prácticas clientelares que todavía hoy dominan el ingreso en muchas intendencias. La pertenencia política no puede seguir siendo la puerta de entrada al empleo público”, concluyó Amado.