La historia de nuestro pasado reciente es un potaje que se sigue cocinando a fuego lento. Un día sí y otro también esa historia se asoma para mostrar que es cada vez menos pasado y más reciente. Aunque quiera taparse la olla, la historia pugna por salir y al final lo logra mediante procedimientos que, en ocasiones, resultan sorprendentes.

Ahora las propias autoridades del Codicen metieron el cucharón en la cacerola para servir una humeante porción de pasado reciente, al cambiar unas palabras en el programa de Historia del primer año de bachillerato: el terrorismo de Estado sufrido por los uruguayos durante la última dictadura, pasará a llamarse en las aulas “suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”. Es una buena definición para calificar, por ejemplo, el gobierno colorado de Jorge Pacheco Areco, pero inexacta para los tiempos de la dictadura.

Hay definiciones legales, conceptos filosóficos y abundante jurisprudencia internacional sobre el terrorismo de Estado; hay libros, tratados, sentencias y leyes uruguayas. Aunque en el Codicen no parecen estar enterados, sería incorrecto adjudicar intenciones a los consejeros, así que debemos ser benévolos: simple ignorancia.

Un episodio ya casi olvidado puede ayudarles a entender los retorcimientos de esa forma tan peculiar y extrema del terrorismo. Ocurrió en abril de 1976, en plena dictadura. Aparecían cadáveres en la costa, o flotando cerca de la orilla. En Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha se hallaron ese año diecinueve cuerpos que flotaban a la deriva hasta encallar. Hinchados, descompuestos, reventados. Hombres, mujeres, un niño.

Los periódicos bajo censura de la época tuvieron de pronto autorización para informar sobre esos hallazgos macabros. La crónica roja ganó las portadas. Hubo grandes titulares, fotografías horrendas, transcripción de informes forenses que helaban la sangre. En la ciudad de Rocha se llegó al extremo de organizar una conferencia de prensa al aire libre, en el patio de nichos del cementerio, para exhibir a cajón abierto cinco de esos cadáveres. Decían que eran marineros asiáticos arrojados al mar desde barcos pesqueros. Un hedor insoportable. Todo el mundo sospechaba que eran presos políticos asesinados.

Esa era la idea: que la gente sospechara y se asustara. La conferencia de prensa fue parte de una campaña de guerra psicológica llevada adelante por una “comisión” de las Fuerzas Armadas. El objetivo: infundir terror en la población, pánico ante esas imágenes, miedo a terminar así, como esos cadáveres exhibidos en el cementerio de Rocha.

La confesión de su autoría se halla apenas disimulada en un oficio-recordatorio, remitido ese mismo año de 1976 por el general Esteban Cristi al entonces comandante en jefe del Ejército, Julio César Vadora. En ese oficio Cristi sugiere “en base a la información existente, realizar campañas de Acción Sicológica a los efectos de contrarrestar lo realizado por el enemigo Comunista, complementando las acciones de orden Táctico”.

Y recuerda que “esta misión fue lo que en la práctica realizó la comisión formada a los efectos” y enumera sus acciones: “organizó exposiciones de Material Comunista, redactó Comunicados de Prensa, preparó Documentos, realizó Conferencias de Prensa, etc., y todavía sigue asesorando a este Comando”.

En aquella ocasión puntual en Rocha, el ahora llamado por el Codicen “avasallamiento” consistió en aterrorizar a la población con esos cadáveres expuestos en el cementerio. Era un mensaje. Allí había autoridades civiles y militares, cámaras de televisión, periodistas, fotógrafos y público en general que, créase o no, fue invitado por las radios locales a concurrir al lugar. Fue una noticia nacional que trascendió en el mundo. Agentes del Estado uruguayo montaron una operación psicológica de amplio alcance para meter miedo. Ese tipo de acciones, y otras más brutales como las torturas sistemáticas, los asesinatos y las desapariciones, fueron moneda corriente en aquel pasado reciente, tan reciente que ni siquiera es pasado. Es mucho más que un avasallamiento. Es el uso sistemático del terror indiscriminado por parte de un Estado, con el poder de su gobierno, sus instituciones, sus agentes y sus infraestructuras, para controlar a una sociedad entera y someterla a sus designios. Eso pasó en Uruguay y se llama terrorismo de Estado, aquí y en cualquier parte.