Opinión | Se fue Fossati. Gómez sigue

La Fiscalía General de la Nación debe ser uno de los pilares de la garantía de la vigencia del derecho en la nación. Insustituible en ese rol. También debe serlo la acción de la Justicia. Por la actuación de los órganos de contralor, la acción parlamentaria es también parte esencial. Lo mismo ocurre con la libertad de prensa y la propia policía en su accionar. Todos son imprescindibles. Pero, ninguno sustituye las responsabilidades de la Fiscalía. La Fiscalía conduce las investigaciones de los delitos. La Fiscalía acusa. Lamentablemente, la Fiscalía también archiva, a veces cuando aún existían aspectos que podían ser investigados para llegar a la verdad. Esta Fiscalía archiva lo que debe y lo que no debe. Archiva incluso, donde dice que debe actuar.

No me gusta sembrar dudas acerca de la acción de las Instituciones de la República. El sistema reposa en la confianza pública. No es bueno sembrar desconfianzas, porque no es bueno que las haya. Todos debemos cuidar la institucionalidad y su buen funcionamiento. Es nuestro primer deber ciudadano y político. Es obligación de cada ciudadano, y especialmente de los que tenemos responsabilidades públicas. A la vigencia plena del derecho la tenemos que cuidar todos. El primero que la debe cuidar es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, devenido hace poco tiempo, en Fiscal General de la Nación. Es el primero. Si omite esa función, no puede estar.

El Comité de Base no puede presidir las decisiones de un órgano tan delicado. El fiscal debe separar sus convicciones políticas de las obligaciones de su cargo. Es su primera obligación. Puede ser más o menos feliz en sus actuaciones, pero no puede dejar lugar a la desconfianza en la institución. La desconfianza genera pérdida de autoridad, y alienta el delito. Genera protecciones indebidas y graves. Da tranquilidad al desviado, que debería estar intranquilo. Expone al buen ciudadano a la mirada política de sus actos. Ya no se trata de cumplir la ley. Todo es cómo ideológicamente se interprete. Si es para un lado se archiva aun cuando haya certeza del desvío, con el argumento de que faltan elementos probatorios. Si es para el otro lado, se acusa por convicción. Sin pruebas. Por mera convicción. Complicada dualidad de criterios.

Más graves aún, han sido los manejos de los casos. Desprolijos. Sacar a la Fiscal Gabriela Fossati cuando se peleó con Fernando Romano y cuando empezó a investigar a Gustavo Leal. Alevoso. Mientras investigó a Alejandro Astesiano, todo bien. Se filtraba todo. La fiscal no tenía protegido su trabajo. Un día se peleó con otro fiscal, denunció agresión y la cambiaron a ella. No sabemos si fue por pelearse con un amigo o por investigar al ministro del Interior en la sombra del Frente Amplio, Leal. Por una o por la otra, o por las dos. Pero decisión con clara tendencia, seguro.

Todo el Uruguay podía prever el resultado final, en función del nuevo fiscal designado.

Se archivó lo de Ancap, argumentando falta de recursos para poder investigar. Hubo que guardar todo. Mil millones de dólares es poca plata. Seguramente allí no se va a encontrar nada. Gas Sayago, lo mismo. No hace mucho, lo denunció Rodríguez Puppo con meridiana claridad. Nueve años de “errores”. Bien caros y bien cobrados. Convicción de “olor a cosa fea”. Katoen Natie se desarchivó. Negocio de claros con buenos resultados para el país: récord de exportaciones, récord de actividad portuaria, ampliación de plataforma y profundización del canal de entrada, con plata ajena. Sin endeudamiento del que no se recupera. Con una tasa de retorno para el inversor, más bien baja. Por supuesto sin una sola prueba de desvío, porque no existió desvío. Sin embargo, eso se desarchiva con argumentos pocos convincentes: “atento a que se trata de una causa de gran complejidad y aporte de nuevos elementos”. Hay que seguir buscando.

El País se ha quedado con las ganas de conocer algunas cosas. Ahora supimos algo de lo de Nicolás Cendoya. Tuvo impresionante repercusión pública en el momento de los sucesos de hacer tirillas aquellos documentos. Luego el tratamiento fue casi en silencio. Del Antel Arena, ni hablamos. Ni de lo denunciado por el senador Jorge Gandini. Ni de lo que nos tocó denunciar a nosotros. La transferencia hecha del Ministerio del Interior a ANTEL de terrenos “sin salida fiscal”, con la firma de un funcionario de carrera meteórica, que casualmente ahora está en comisión en la Intendencia de Cosse. Alevoso. Pero quieto. Nada se mueve.

Morabito y González Valencia son capítulo aparte. De modo individual y conjunto. En lo de cada uno y en yunta. Tratamientos especiales, arreglos, corrupción policial, vinculación con el narcotráfico. Respuesta cero. El fiscal Ricardo Lackner se demoró. Después, incluso, lo ascendieron antes de que se pronunciara y quedó por eso durante años. Le trajeron al amiguito en visita durante años. Cuando se aburrió se fue caminando, con cámaras que justo no veían para ese lado. Pero lo que era peor aún, las habían sacado por una mala interpretación de una orden. Qué casualidad. Ridículo total.

Lo de la Bolsa. La corredora y sus pérdidas, demasiado complejo. Demoras absolutas. Un campo en el que hay que dar garantías. Es el prestigio de la seguridad jurídica del país lo que está en juego. No puede no atenderse con diligencia. Cómo que no entienden. Cómo que no tienen medios. Para lo que les interesa tienen medios. Si no tienen medios, acusan por convicción. Si les interesa resuelven. Si no les interesa o no les gusta, hacen tiempo.

En lo de los 4.500 kilos de cocaína a Hamburgo quedamos pegados en el mundo. Ahí la responsabilidad no parece tocar a Fiscalía. Hubo intervención y pedido de condena. Hay que ver si la jueza tiene razón en cuanto a la mala probanza. La suma es complicada. Las cuatro toneladas y media más la bolsa, más González Valencia, más Morabito. En Uruguay no se resuelve nada. En realidad, nada de lo que no se quiere resolver.

En el caso de Charles Carrera gana la lentitud. El fiscal del caso hizo un pedido de informes como toda actuación. El País ha visto caer a varios jerarcas del actual Gobierno por la prohibición de atenderse en el Hospital Policial que pesa sobre civiles gobernantes. Han caído los de este Gobierno. No ha dado el tiempo para considerar los casos de los del Gobierno anterior. Increíble. Atención de jerarcas. Atención de particulares dispuesta por jerarcas. Presuntas falsificaciones de documentos. Nada se averigua.

En Casa de Galicia actuaron rapidito. Dispusieron el cierre barriendo con todo. Solución a la Olesker. Socios repartidos como botín. Empleados desempleados. Médicos sin trabajo. El Estado teniendo que afrontar decenas de millones de dólares de costos. Para eso sí hubo diligencia. Extraña velocidad.

A Ignacio Álvarez le actuaron de oficio. Allanaron una radio. No sé si recuerdo en la dictadura allanamientos de radios. Lo dispuso el propio Fiscal Gómez. El caso de violación sin resolver, pero la actuación contra el periodista llegó con absoluta celeridad. El periodista Eduardo Preve difunde un audio filtrado a cada rato. No sé si será simpatía por Preve o por los contenidos de lo que difunde. Con Preve no hay actuación “de oficio”.

Juan Salgado había manifestado sus simpatías con el presidente. Había marcado sus diferencias con actores del Gobierno anterior. Lo agarraron cantando canciones que ni sabía la letra, en un festejo de un cuadro de fútbol. Casi le ponen perpetua. Ni se le entiende lo que dice, porque se ve que ni conocía bien la letra y menos el trasfondo del contenido de la canción. Lo expusieron al escarnio público.

Una Fiscalía dividida en bandos. Los de un lado y los del otro. Bastaría esa falta de liderazgo para que el fiscal de Corte Juan Gómez se vaya. Es aún peor. El fiscal tiene bando. No es neutral como debe ser. No me importa que tenga simpatías por un bando político. Lo que no debe suceder, es que actúe dejando ver su tendencia. Todos nos damos cuenta y él lo sabe, a pesar de que se haga el distraído.

A Iglesias lo sancionaron porque archivó 300 casos, con las garantías debidas. Con las notificaciones correspondientes. Con vastos antecedentes. A él le tocó sanción. A Fossati la sacaron. Romano fue al despacho de Fossati. La Fiscal denunció agresión. Ahí no pasa nada. Pasa sí. Sacan a Fossati. La nueva fiscal del caso ya les empezó a dar resultados. Absolvió a Leal.

La carta de AAPU (Asociación de Abogados Penalistas) es de una contundencia absoluta. Nunca asistimos a un hecho similar. Expresan preocupación por la existencia de organizaciones, grupos de presión u operadores que afectan la independencia técnica de Fiscalía. Muestran disconformidad con el trato diferente a los Fiscales. Cuestionan al Fiscal de Corte. El Fiscal de Corte no se da por enterado. Sigue sin darse por enterado.

Se tuvo que ir la fiscal Fossati. Sigue Gómez. Se fue la que no se tenía que ir y quedó el que no tenía que quedar. Fossati molestaba. Trabajaba. Encaraba los casos con claridad y valentía. No toleraba demoras. No miraba si se trataba de la Presidencia de la República o de un sagrado sindicalista. Hacía lo que había que hacer. Transparente al extremo de manifestar sus convicciones políticas, cosa que no he visto hacer a ningún fiscal, y vaya si la tienen y las conocemos. Al final le pasó lo mismo que a todos los del bando discrepante. El sistema implantado consiguió su objetivo de expulsarla. Igual que a todos los discrepantes que asoman con nitidez.

Claramente es tiempo de que Gómez se vaya. Por la falta de liderazgo y por la desconfianza pública generalizada. El sistema político no va a conseguir los consensos para su sustitución. Se requieren mayorías especiales que no van a estar, porque hay un bando político al que el accionar de Gómez favorece y protege. En épocas de dirigencias políticas con honor los acuerdos hubieran sido posibles. Habría acuerdo en nombrar un fiscal de Corte que honrara la función y no al interés partidario. Es imposible con este Frente Amplio. Lo institucional nunca fue preocupación del Frente Amplio. Las instituciones le son simple herramienta para el cumplimiento de sus objetivos políticos.

En cualquier caso, es imprescindible terminar con la monarquía del fiscal de Corte. De este y del que venga. No me gustan los colegiados, pero los prefiero a las monarquías. Es hora de actuar. El país no puede seguir esperando. He ahí otra gran reforma que este gobierno debe encarar. Es por la vigencia del derecho. Hay que trabajar sin demoras.