Gabriel Oddone, el futuro ministro de Economía, ha manifestado su intención de abaratar el precio de “algunos rubros de la canasta básica”. Lo ha hecho público en varias oportunidades y es de esperar que el gobierno entrante impulse algunas acciones para que “esa formación de precios espurias se mejore”.
Pero, más allá de las medidas estructurales, existen herramientas que, de usarse mejor, ayudarían a la ciudadanía a tomar mejores decisiones a la hora de comprar y generar un equilibrio de poder más saludable para los consumidores.
Una de estas herramientas es el Sistema de Información de Precios al Consumidor (SIPC), que como tal es una excelente iniciativa nacida en el año 2006. Si bien cuenta con una poderosa plataforma digital accesible desde la página precios.uy, por la forma en la cual se utiliza termina siendo de poca utilidad y poco amigable a la hora de navegar.
Exclusión de marcas y comercios
El SIPC solo permite comparar los precios de ciertas marcas predefinidas, dejando fuera otras opciones más baratas o emergentes. Esto frena la competencia, limita la información que recibe el consumidor y perpetúa la posición dominante de ciertas marcas.
Si bien es cierto que 697 comercios aportan datos al sistema, en su totalidad corresponde a cadenas de grupos empresariales o a superficies que tengan al menos tres cajas, lo cual deja afuera a los comercios más pequeños que también pueden ofrecer buenos precios.
La situación
Hay cinco grupos empresariales tienen más del 50% de los supermercados que aportan datos al sistema y cuatro grupos concentran el 100% en el sector de farmacias.
Esta situación no refleja la diversidad del mercado y en términos informativos presenta un sesgo.
Por su parte, en algunas ciudades del interior, los precios que se ofrecen corresponden a una o dos cadenas. En otras directamente no hay información.
Selección de productos excesiva y arbitraria
El sistema no muestra precios de productos genéricos, sino de marcas específicas. Por ejemplo, no permite comparar “harina común”, sino harina de marcas reconocidas “000” o más. Al momento de escribir este artículo, una cadena de supermercados tenía la “harina 0” de oferta a $25 el kilo. Sin embargo, esa oferta no aparece en el listado comparativo, y la más barata de las marcas “elegidas” ronda los $60.
Lo mismo con los fideos. La opción más barata que me ofrece el sistema es de $86 el medio kilo, cuando en el mercado existen opciones por debajo de los $30.
El listado, además, incluye demasiados productos irrelevantes, lo que hace que la información sea difícil de usar y poco útil para el consumidor promedio. ¿Realmente necesitamos que el Estado nos informe dónde comprar bebidas cola más barato?
La solución
El software del SIPC funciona bien. Habría que cambiar algunas cosas —como limpiar la web para mejorar la experiencia de navegación— pero en líneas generales funciona bien. No es necesario crear una nueva plataforma ni gastarse millones en nuevas soluciones. Lo que hace falta es redefinir los criterios de selección de productos, marcas y comercios.
Algunas mejoras simples podrían ser:
Incluir supermercados más pequeños, autoservicios y ferias en el relevamiento de precios, para que todo comercio que quiera subir una oferta pueda hacerlo.
Permitir comparar categorías de productos en lugar de marcas específicas.
Redefinir los productos que conforman la Canasta de Productos establecida por el Ministerio de Economía, retirando productos irrelevantes y enfocándose en los esenciales.
Y todo eso se podría lograr con una mayor participación popular, dándole protagonismo a las asociaciones de consumidores y creando espacios para la participación ciudadana.
Por otro lado, los comercios y marcas que aparecen en el listado deberían ganárselo. Podrían competir por posiciones en un ranking. Actualmente las marcas que ofrece el sistema no son las más baratas. Incluso el Ministerio de Economía (MEF) podría dar algún premio o distinción a aquellas empresas que hagan su mejor esfuerzo en beneficio de la ciudadanía. Creo que a más de un supermercado le gustaría ostentar un premio anual a “Comercio más conveniente para la economía familiar”, o algo así.
El desafío
Si realmente se quiere mejorar el poder de compra de los consumidores, la información será de vital importancia. No deberíamos seguir utilizando el SIPC de la manera que se hace en la actualidad. El Estado no debería “casarse” con ninguna marca. No hace falta un gran cambio, sino una corrección más conveniente para los consumidores, en la forma de recopilar y presentar la información.
Las nuevas autoridades del MEF tienen la oportunidad de impulsar cambios en el SIPC, ofrecer información relevante a los consumidores, mejorar la competencia y terminar con algunos favoritismos injustos que lamentablemente existen desde hace muchos años.