El senador Martín Lema difundió el lunes 16 de noviembre un mapa elaborado con datos abiertos de la propia Intendencia de Montevideo. Los colores indicaban cuántos días habían pasado desde el último vaciado de cada contenedor. Amarillo para tres días, naranja para cuatro, rojo para cinco y negro para seis o más. Los puntos negros aparecían agrupados en distintos sectores de la ciudad. Para esos vecinos, la espera ya llevaba casi una semana.

Ese mismo día, mientras participaba en la inauguración de una casa del Partido Nacional en el Municipio A, me encontré con una escena que expresa hasta qué punto hemos naturalizado esta situación. Sobre la calle Grecia, una de las principales del Cerro, junto al local, había un contenedor intradomiciliario lleno hasta el borde, atado con una cadena a la reja de la ventana de un vecino.

Me detuve a mirarlo y me pregunté cómo llegamos a aceptar algo así. Una persona paga sus impuestos y tiene un recipiente lleno de residuos encadenado frente a su ventana. Basta imaginar esa misma escena en pleno verano, con el calor y los olores, para comprender lo que significa convivir con ella todos los días.

La propia Intendencia explica que el sistema de contenedores está diseñado para que, en promedio y salvo excepciones, puedan acumular residuos durante tres días sin desbordarse. Seis días es el doble de esa referencia. El mapa difundido por Lema muestra demoras que los vecinos padecen en la puerta de sus casas.

Pongamos al lado de esas imágenes otra cifra. En 2025, la Intendencia de Montevideo recaudó más de 33.757 millones de pesos, según su Rendición de Cuentas. Dividido entre los 365 días del año, equivale a 92,5 millones de pesos por día, en promedio. Con esos ingresos la comuna financia el conjunto de sus servicios. La limpieza está entre sus responsabilidades esenciales y los montevideanos tenemos derecho a exigir que se cumpla.

Detrás de esa recaudación está el esfuerzo de quienes trabajan, sostienen un comercio o hacen cuentas para llegar a fin de mes. Para muchas familias, cumplir con los tributos departamentales implica un sacrificio. La administración de Mario Bergara debe explicar por qué ese esfuerzo convive con contenedores que pasan seis días o más sin ser vaciados.

También debemos preguntarnos cuánto hemos terminado aceptando. A veces parece que, políticamente, padeciéramos una suerte de síndrome de Estocolmo frente a una gestión que nos exige cumplir y, al mismo tiempo, nos acostumbra a sus incumplimientos. Terminamos organizando nuestra vida alrededor de las deficiencias del servicio, haciendo reclamos una y otra vez y asumiendo tareas para compensar lo que la Intendencia deja pendiente.

Los vecinos tenemos responsabilidades en el cuidado de la ciudad. Separar residuos, respetar horarios y disponer correctamente la basura contribuye a la limpieza. Esa colaboración necesita una Intendencia que cumpla su parte. Cualquier cambio de sistema debe mejorar el servicio y las condiciones de vida de las personas. La escena de un contenedor lleno, encadenado a la ventana de una vivienda, obliga a revisar cómo se está implementando y qué carga termina recayendo sobre cada hogar.

La semana pasada, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, reconoció atrasos y señaló que durante el fin de semana habían trabajado menos tripulaciones de lo habitual. Esa explicación deja una pregunta concreta. ¿Qué respaldo tiene previsto el servicio para que una dificultad de personal durante un fin de semana termine dejando contenedores sin vaciar durante seis días?

Martín Lema planteó cambiar el sistema de raíz, contratar empresas privadas, pagar por resultados y exigir controles. Comparto esa dirección. Se necesitan contratos con frecuencias definidas por circuito, registros de cada vaciado que los vecinos puedan consultar y sanciones ante los incumplimientos. La Intendencia debe fijar esas condiciones, fiscalizarlas y responder por el servicio.

El mapa ya muestra dónde se acumularon las demoras. Corresponde atender esos puntos, poner al día los circuitos y publicar compromisos que puedan verificarse. Quien encuentra basura desbordada en su cuadra tiene derecho a saber cuándo se resolverá y quién responderá si vuelve a ocurrir.

Pienso en aquella ventana de la calle Grecia. Del otro lado hay una familia que merece abrirla, disfrutar de su casa y vivir en un barrio limpio. El gobierno departamental tiene los recursos, las competencias y la obligación de darle una respuesta.