Desde 1882, Uruguay ha sostenido un modelo en el que el juego de azar opera bajo un monopolio estatal, gestionado por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ). Ese modelo permitió al Estado regular la actividad y otorgar concesiones a privados bajo supervisión. Sin embargo, hace años que el Estado ha cedido terreno. Hoy, empresas privadas explotan la industria del juego sin pagar cánones ni tributos especiales.

El crecimiento del sector no se refleja en la recaudación de la DNLQ. El único juego estatal en sentido estricto, la Lotería, pierde terreno año a año frente a otras modalidades, sobre todo el juego en línea. Supermatch es la única empresa habilitada para operar online, y su expansión responde tanto al auge de las apuestas deportivas como a los cambios tecnológicos que han modificado profundamente la relación con el juego.

Este escenario plantea un desafío urgente. Por un lado, se trata de una actividad que el Estado podría explotar o regular de forma más eficiente. Por otro, sin medidas adecuadas, crece el riesgo de profundizar una problemática grave: la ludopatía, especialmente entre menores de edad. En las próximas semanas llevaremos este tema al Senado, en forma de proyecto de ley, para poder darle discusión parlamentaria.

El avance del juego online es un fenómeno global. En Uruguay, mientras Supermatch opera bajo el paraguas del monopolio estatal, los sitios internacionales permanecen bloqueados y es la DNLQ quien trabaja día a día en esos bloqueos. Entonces, en los hechos, la banca tiene el control de un negocio del que el Estado no participa directamente en términos de ganancias pero si en el gasto de recursos económicos y humanos. Las ganancias del sector de los juegos de azar son cada vez mayores, pero el Estado apenas percibe ingresos a través del IVA, que es pagado por el usuario.

Mientras tanto, la Lotería ha perdido competitividad frente a los juegos concesionados. Esto se debe tanto a la falta de promoción como a una propuesta menos atractiva para los apostadores. La consecuencia no es solo una menor recaudación pública, sino la pérdida de una herramienta y una actividad económica que, con una política adecuada, podría aportar significativamente al financiamiento del Estado.

Sin dudas una parte fundamental de esos recursos debería destinarse a enfrentar la ludopatía. Se trata de una adicción reconocida que tiene efectos severos sobre la salud mental y el entorno social de quienes la padecen. Sin embargo, las empresas concesionadas que explotan el juego no realizan aportes sistemáticos a políticas de prevención o tratamiento. La falta de regulación específica en este punto deja desprotegidas a las personas más vulnerables, especialmente jóvenes y adolescentes.

Además del impacto en salud, los ingresos del juego podrían destinarse a fortalecer áreas como la educación, la cultura, la salud y el deporte, tal como ya sucede con la Lotería. Además, la experiencia internacional demuestra que los países que regulan este sector con criterios claros logran equilibrar los beneficios económicos con un impacto social positivo: suben los ingresos del Estado y a su vez se reducen los efectos negativos del juego ya que hay recursos para la prevención y el tratamiento.

Para lograr esto, es indispensable fortalecer a la DNLQ. Hoy no cuenta con los recursos técnicos ni humanos necesarios para fiscalizar adecuadamente, ni para enfrentar el juego clandestino o las plataformas ilegales. Un organismo fortalecido permitiría asegurar el cumplimiento de la ley, proteger al público y garantizar que los beneficios del juego sean distribuidos de forma justa.

También es necesario que quienes explotan el juego asuman su responsabilidad. Los operadores privados que hoy obtienen ganancias millonarias deberían pagar un canon proporcional a sus ingresos, como sucede en otros sectores regulados. Además, deben contribuir activamente a políticas de prevención y mitigación de daños.

El Estado debe recuperar la iniciativa. Una de las herramientas posibles es la creación de una plataforma estatal de apuestas online. Esto permitiría ejercer plenamente el monopolio, garantizar transparencia, evitar la participación de menores y promover un modelo de juego controlado y responsable. Junto con ello, urge establecer un fondo específico destinado a financiar políticas públicas en salud mental, prevención de adicciones y fortalecimiento del deporte y la cultura.

Regular el juego online es una decisión económica, es una definición política y es una medida de salud pública. Hoy, esa actividad existe, crece y genera ganancias, pero lo hace sin que el Estado y todos los que lo conformamos veamos los beneficios. La ausencia de regulación no impide que el fenómeno ocurra, solo agrava sus consecuencias.

Es momento de legislar con visión estratégica y sentido de responsabilidad. Uruguay tiene la oportunidad de transformar una actividad con una regulación obsoleta en una política pública que combine desarrollo, crecimiento, salud pública y justicia social.