El primer sistema moderno de pasividades de reparto fue creado en 1881 en la Alemania de Bismarck.

Su esencia era que los trabajadores actuales financiaran a los pasivos existentes; por eso se dice que existe una solidaridad intergeneracional. Se consideraba posible con cuatro activos por cada pasivo.

Ese “reparto” sólo era viable si existía:

a)  un continuo crecimiento de la población y

b) una esperanza de vida mucho menor que la actual, tanto al nacer como luego de ingresar a la pasividad.

Modelos de ese tipo, hace 120 años, se pensaron al comenzar a crearse cajas de seguridad social en Uruguay.

La esperanza de vida al nacer era de 51 años y un número elevado de trabajadores no alcanzaba a jubilarse. Y si alcanzaba 60 años, la esperanza de vida era de 13 más. Ahora es de 23 años más.

En aquellos tiempos había casi 6 hijos por mujer; pasamos a 2,7 en 1950, a 2,3 en el 2000 y a 1,3 en el 2022.

En 1924 hubo 41.880 nacimientos y 19.132 muertes. En 2024 hubo 29.899 nacimientos y 35.956 muertes.

Nótese la magnitud del cambio.

Los sistemas de reparto no son viables en tales condiciones y se imponen las reformas.

Ninguna de las varias “cajas” de pasividades de Uruguay: Militar, Policial, Profesional, Bancaria, Notarial y varias más que terminaron aglutinándose en el Banco de Previsión Social (BPS), escapan de ese fenómeno.

El transcurso del tiempo las fue convirtiendo a todas, a diferentes ritmos, en un esquema Ponzi (piramidal) que requiere cada vez mayor apoyo adicional a los aportes propios del trabajo.

El principal apoyo es el aporte de Rentas Generales para el BPS (cajas estatales).

En “las clases pasivas civiles y militares en el Uruguay”, Sienra señala que “los pasivos representaban el 28% de los sueldos públicos incluidos en el Presupuesto del Gobierno Central en 1914, y casi el 50% a mediados de los años cincuenta”.

En el caso de las Cajas paraestatales la ley impuso cargas adicionales específicas para su financiamiento: timbres profesionales, un 18.5% de los honorarios que fija la Asociación de Escribanos como condición para inscribir actos jurídicos en los Registros o una “prestación complementaria” que pagan principalmente los Bancos (excepto el Banco Central), la que repercute elevando los  intereses. Es opinable que sean equivalentes a los “aportes patronales”.

La evolución de las pasividades civiles (excluyendo militares y policías), aunque contiene numerosas realidades diversas, se puede presentar, en forma muy simplificada, gruesa, en base a algunas situaciones básicas referidas a edad de jubilación, años de servicio, sueldo jubilatorio y tasa de reemplazo.

Hace un siglo las jubilaciones de funcionarios (Ley 9.940) eran del 100% (90/90) del sueldo promedio del trienio; eran los famosos “90 puntos”, por ejemplo 60 de edad y 30 de servicios. 

El Acto Institucional 9 (1979), la Ley 16.713 (1995), la Ley 18.395 (2008) y la Ley 20.130 (2023) materializaron una tendencia irreversible.

Tenemos, al decir de Real de Azúa (El impulso y su freno, 1964) “una sociedad inorgánica de grupos en pugna por no perder su parte a prorrata de la renta nacional”.

Situación agravada por los privilegios, abusos e injusticias que históricamente padecieron las pasividades.

Aunque no nos gusten las conclusiones, los hechos son tercos.