Por Nicolás Guillenea y Dr. Rodrigo Rey.

Cada tanto un hecho especialmente atroz devuelve el asunto a la conversación pública. Dura cuarenta y ocho horas, algo más si el muerto es un niño. Después la conversación se apaga y quedan los muertos, que son, con una monotonía estadística casi perfecta, siempre los mismos muertos.

Conviene decirlo con precisión, y este año los datos oficiales permiten hacerlo sin apelar a la impresión personal. Entre enero y junio se registraron 195 homicidios, el segundo peor comienzo de año de la historia del país, solamente por detrás de 2018. El 88,2% de las víctimas fueron varones. Ciento treinta y tres de esas ciento noventa y cinco tenían entre dieciocho y treinta y ocho años. Casi el 57% registraba antecedentes penales. Y el 74,9% murió baleado, cuando un año atrás esa proporción era del 63,9%.

Rara vez el ataque fue espontáneo. Con frecuencia la víctima recibió más disparos de los que un solo tirador puede efectuar cómodamente. Y con una frecuencia todavía mayor, su apellido ya figuraba en un parte policial anterior, o va a figurar en otro dentro de dos o tres años, cuando le toque el turno a un hermano o a un primo.

Los más jóvenes de ese conjunto, que son también los más numerosos, nacieron entre 1995 y 2010. Es un dato que rara vez se subraya y que explica bastante. Su socialización primaria ocurrió exactamente durante los años en que el mercado minorista de pasta base se consolidaba en sus barrios. No eligieron dentro de un abanico abstracto de trayectorias posibles. Eligieron dentro del abanico que había, en un territorio donde la boca de venta era parte del paisaje cotidiano desde antes de que aprendieran a leer.

El resto de la explicación es cronológico y bastante elemental. La curva uruguaya de homicidios se mueve en el bienio 2007-2008 y da un segundo escalón en 2012. Lo hace, contra toda intuición criminológica de manual, en pleno período de recuperación del empleo y de caída de la pobreza. Las variables que la tradición considera criminógenas por excelencia se movieron durante esos años en dirección contraria a la del fenómeno que supuestamente deberían explicar.

Hay una sola variable conocida cuyo comportamiento encaja. La pasta base ingresó al país hacia fines de 2002. Los mercados de ese tipo tardan entre seis y ocho años en madurar. La aritmética da 2008. Quien quiera sostener otra hipótesis tiene por delante una tarea sencilla de enunciar y difícil de cumplir, que es identificar alguna otra variable cuya evolución resulte compatible con la observada. Hasta hoy nadie la identificó.

A seiscientos kilómetros de acá, además, hay una ciudad portuaria de tamaño parecido donde la misma curva se dibujó en los mismos años. En Rosario nueve de cada diez víctimas mueren baleadas y tres de cada cuatro ataques presentan algún componente de planificación. Nadie en Santa Fe discute de qué se trata. No hizo falta contratar consultores para descubrirlo.

Acá sí.

En un informe contratado por el Ministerio del Interior y difundido en pleno año electoral se sostuvo que apenas el 1,9% de los homicidios de 2019 provenía de enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes. Poco después, el asesor que había promovido esa contratación llevó la cifra al 6%.

El detalle que da la medida del asunto es cuándo se produjo ese diagnóstico. La gestión que lo encargó, la del doctor Martinelli, cerró el quinquenio más sangriento de la historia del país, y lo cerró sosteniendo que el narcotráfico explicaba dos de cada cien homicidios. Lo habitual, cuando una administración llega después de un período con semejante resultado, es revisar los diagnósticos que lo acompañaron. Acá ocurrió otra cosa. Se heredó el registro de muertos y se heredaron también los asesores que lo habían acompañado, sin someter a ninguno de los dos a la menor revisión crítica. A los técnicos que habían firmado la cifra desautorizada por los hechos se los promovió.

Sobre esa base se cuestionó al Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, se sancionó a su director por haber objetado el diagnóstico por escrito, se desmanteló la oficina y se creó otra, cuya dirección recayó en el propio asesor.

En abril de este año esa oficina publicó su primer anuario. La tabla correspondiente a 2025 asigna 37 homicidios a enfrentamientos entre grupos de traficantes y 78 a otros vínculos con el tráfico. Son 115 sobre 371, es decir el 31%, la categoría de mayor peso de toda la tabla. Quedan afuera 39 ejecuciones sumarias y 40 homicidios de motivo indeterminado, otro 21% que la tabla no atribuye al narcotráfico y que tampoco consigue atribuir a ninguna otra cosa.

Vale la pena detenerse en cómo se llegó al 1,9%. Se leyeron los partes policiales de un solo año, únicamente de homicidios consumados. El método tiene un problema estructural. Los ciclos de represalia entre clanes duran siete u ocho años y se inician muchas veces en una agresión que no llegó a ser letal. Si uno mira un año, y solo homicidios, los hechos aparecen sueltos.

Seis hermanos asesinados entre 2008 y 2021 en San Carlos, tres de ellos durante 2019, se convierten en tres episodios aislados de violencia interpersonal sin conexión aparente.

Goldstein demostró hace cuarenta años, en Nueva York, que el parte policial subestima a la mitad la conexión de un homicidio con las drogas, porque el parte se escribe para probar quién mató a alguien y no para explicar por qué.

Ese error, al menos, fue un error aunque de una impericia estridente. Lo de este año es otra cosa.

El boletín oficial del primer semestre desagrega los 195 homicidios por mes, por departamento, por seccional, por sexo, por edad, por antecedentes penales de la víctima, por uso de arma de fuego, por lugar del hecho y por participación de autores adolescentes. Nueve aperturas. La única variable que no aparece es el móvil.

La misma oficina que puede clasificar un homicidio según nueve criterios distintos declara no estar en condiciones de clasificarlo según el único que importa, y justifica la omisión con el argumento de que publicarla generaría confusión.

Pocas semanas atrás, su responsable admitió en una entrevista que buena parte de estas muertes tiene que ver con el mercado ilegal de drogas.

Una estadística de homicidios sin móvil informa cuántos muertos hubo y no informa sobre qué violencia hay que operar. Alcanza para el titular del lunes y no alcanza para asignar un funcionario, un peso o una línea de investigación.

El problema que aparece cuando se mira el territorio.

Hay, sin embargo, una discusión que empieza después de la estadística.

Porque saber cuántas personas fueron asesinadas, dónde, cuándo y con qué arma es imprescindible. Pero para prevenir la próxima muerte hay que formular una pregunta diferente: ¿qué estaba pasando en ese territorio antes de que ocurriera el homicidio?

En seguridad, conocer el hecho no es necesariamente conocer el fenómeno.

La violencia criminal tiene memoria. Los territorios también. Y las organizaciones que disputan esos territorios, más todavía.

Un homicidio puede ser el último capítulo de un conflicto que comenzó meses o años antes. Puede estar relacionado con una agresión que no terminó en muerte, con una disputa por una boca de venta, con la salida de prisión de una persona determinada, con una alianza que se rompió o con un enfrentamiento entre familias.

Nada de eso necesariamente aparece en el parte del homicidio.

Por eso resulta insuficiente mirar cada muerte como un episodio independiente. El Estado necesita construir una memoria territorial que permita relacionar hechos, personas, lugares y conflictos.

Eso es inteligencia criminal.

Y hay una diferencia fundamental entre acumular información y producir inteligencia. Un Estado puede tener cámaras, bases de datos, partes policiales, sistemas de monitoreo y miles de registros y, aun así, no saber qué está ocurriendo si nadie integra esa información y la convierte en conocimiento operativo.

La prevención comienza mucho antes del disparo.

Comienza cuando alguien puede identificar qué conflicto está creciendo, qué actores participan, qué antecedentes existen, qué vínculos familiares y territoriales se repiten y qué señales indican que una disputa puede escalar.

Por eso la seguridad no puede depender exclusivamente de la presencia policial posterior al delito. La presencia policial es indispensable, pero una patrulla no sustituye a la inteligencia. Una cámara no sustituye al investigador que conoce el territorio. Y un registro estadístico no sustituye a quien puede reconstruir la historia de un conflicto.

La tecnología ayuda. La información ayuda. La estadística ayuda.

Pero ninguna de ellas piensa por sí sola.

Cuando la violencia cambia de lugar

Este martes al mediodía, en plena Ciudad Vieja, dos personas que caminaban por Guaraní recibieron alrededor de veinte disparos a metros de la puerta de emergencia del Hospital Maciel y a una cuadra y media de la Seccional Primera.

Los tiradores se movían en un auto que abandonaron en La Teja y continuaron la fuga en un segundo vehículo, hallado horas después en Los Bulevares. Doce vainas en la calzada, dos autos baleados y ningún herido reportado.

Quien lea eso como un episodio de inseguridad callejera no entendió nada.

Dos vehículos, un cambio planificado de rodado y una fuga hacia una zona que hace pocas semanas fue escenario de un doble homicidio constituyen, si la investigación confirma esa hipótesis, elementos compatibles con un conflicto entre grupos. Ninguna discusión de esquina necesita necesariamente dos autos y un plan de escape.

Importa también la geografía.

Las balas dejaron de quedarse en la periferia. Llegan hasta la puerta de un hospital público, en el centro histórico de la ciudad, a media cuadra de una comisaría, al mediodía y con gente alrededor.

Eso debería obligarnos a abandonar otra idea cómoda: que el problema se resuelve simplemente aumentando la presencia policial.

Cuando falta diagnóstico, la respuesta suele ser visible: más vehículos, más patrullaje, más despliegue.

Pero la violencia organizada exige algo menos visible y bastante más difícil.

Exige saber.

Saber qué apellidos están enfrentados y desde cuándo. Qué agresión anterior quedó sin respuesta. Quién salió de la cárcel el mes pasado. Qué organización perdió capacidad. Qué boca de venta cambió de manos. Qué grupo está buscando ocupar un territorio.

Esa clase de conocimiento no se improvisa y tampoco se compra hecho.

Se acumula durante años leyendo partes policiales y expedientes, rastreando vínculos de parentesco y de vecindad, sosteniendo una memoria documental larga.

Y exige algo que el Estado suele perder con demasiada facilidad: continuidad.

Los que todavía no murieron

Mientras discutíamos si el problema existía, las cohortes siguieron corriendo.

Los varones nacidos entre 2010 y 2025 están creciendo en barrios donde el fenómeno está bastante más consolidado que cuando crecieron los que hoy mueren. Van a llegar a los quince años en peores condiciones que sus hermanos mayores.

Es una previsión incómoda y no requiere ninguna sofisticación técnica para formularse.

Porque si un adolescente crece en un territorio donde la economía ilegal está instalada, donde la violencia forma parte de la resolución de conflictos y donde determinados actores criminales tienen capacidad de ofrecer dinero, protección, pertenencia y reconocimiento, el Estado compite por ese adolescente.

Y no puede competir solamente cuando ese adolescente ya cometió un delito.

La política de seguridad tiene que empezar antes.

Eso implica discutir prevención social, educación, convivencia y oportunidades. Pero también implica algo que a veces incomoda: entender que la prevención social y la persecución criminal no son políticas opuestas.

Una necesita de la otra.

No se puede proteger a un adolescente de ser captado por una organización criminal si no se desarticula la organización que intenta captarlo. Y tampoco se puede pretender desarticular indefinidamente esas estructuras si se sigue dejando que nuevas generaciones ocupen los lugares que quedan vacíos.

La pregunta, entonces, no es solamente cuántos homicidios tendremos este año.

La pregunta es cuántos adolescentes están entrando hoy en las condiciones que producirán los homicidios de los próximos diez años.

El problema no es solamente contar muertos

La explicación existe. Está disponible desde hace años, escrita en miles de partes policiales que alguien tiene que leer con paciencia y con memoria larga.

Lo que faltó fue la disposición a leerlos.

Pero también faltó algo más: transformar esa lectura en una política de Estado capaz de sostener el conocimiento en el tiempo.

Uruguay no necesita elegir entre estadísticas y territorio, entre prevención y represión, entre tecnología e investigación.

Necesita integrar esas herramientas.

Porque el homicidio es el resultado final de una cadena. Y si el Estado solamente mira el último eslabón, siempre llegará después.

La discusión debería dejar de ser exclusivamente cuánto subieron o bajaron los homicidios.

Tenemos que preguntarnos qué violencia los está produciendo.

Quiénes participan.

Qué conflictos los originan.

Qué territorios están cambiando.

Qué organizaciones están creciendo.

Y, sobre todo, qué señales estamos dejando pasar antes de que alguien vuelva a disparar.

Una estadística puede decirnos cuántos murieron.

Una política de seguridad seria tiene que ser capaz de decirnos por qué.

Y tiene que llegar antes.