La Rendición de Cuentas no es un trámite administrativo ni una discusión reservada a especialistas. Es una de las instancias en las que el sistema político define sus prioridades y decide hacia dónde orientar los recursos públicos.

La Constitución establece un plazo de 45 días para que se pronuncie cada cámara. Durante ese proceso comparecen ministros, autoridades de organismos públicos, equipos técnicos y representantes de la sociedad civil. Se discuten artículos, se negocian reasignaciones y se resuelve qué necesidades serán atendidas y cuáles deberán seguir esperando.

Las decisiones que allí se toman afectan la vida cotidiana de todos los uruguayos: el trabajo, la educación, la salud, la seguridad, las oportunidades de los jóvenes y la protección de quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Por eso, una Rendición también muestra con claridad qué modelo de país defiende cada fuerza política.

En esta discusión elegí detenerme en tres asuntos que considero inseparables: educación, salud y libertad.

En el marco del Inciso 21, “Subsidios y Subvenciones”, recibimos a alrededor de 160 organizaciones de todo el país. Son instituciones que trabajan diariamente con niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con problemas de salud mental o consumo problemático de drogas, deportistas y familias que necesitan apoyo.

Muchas llegan adonde el Estado no llega.

Algunas utilizan el deporte, el arte, el acompañamiento educativo o el trabajo comunitario como herramientas para recuperar vínculos y abrir oportunidades. Otras funcionan gracias al esfuerzo voluntario de vecinos, madres, padres, técnicos y referentes sociales que dedican tiempo, trabajo y recursos propios a sostenerlas.

No piden fortunas. En numerosos casos solicitan aportes de $ 100.000 o $ 200.000 para continuar actividades que transforman la vida de decenas de personas.

El Inciso 21 tuvo una ejecución cercana al 99 % y movilizó más de $ 16.348 millones. Sin embargo, muchas de estas organizaciones recibieron una respuesta tan sencilla como dolorosa: no hay recursos.

Ahí aparece una contradicción difícil de explicar.

El Gobierno afirma que la infancia y la adolescencia están en el centro de sus prioridades. Sin embargo, deja sin respaldo a instituciones que todos los días alimentan, educan, contienen y acompañan a niños y jóvenes en cada barrio y localidad del país.

Al mismo tiempo, la Rendición destina US$ 31 millones adicionales a un nuevo esquema de transferencias para hogares con niños de entre 0 y 3 años. Los dos primeros deciles de ingresos pasarán a recibir hasta $ 10.000; el tercero y el cuarto, hasta $ 6.666; y el quinto, hasta $ 3.333.

Nadie puede negar la urgencia de combatir la pobreza infantil. Sería irresponsable hacerlo. Pero también es irresponsable reducir una política de infancia a la entrega de dinero, sin controles suficientes sobre su destino y sin un acompañamiento integral de las familias.

Una transferencia puede aliviar una necesidad inmediata, pero no sustituye la educación, la atención de la salud, el seguimiento territorial, el acceso al trabajo ni la construcción de autonomía.

Durante la discusión propusimos que el 60 % de esas transferencias se acreditara en la Tarjeta Uruguay Social y el 40 % se entregara en efectivo. El objetivo era sencillo: asegurar que una parte sustancial de los recursos se destinara efectivamente a alimentación, higiene, vestimenta y otras necesidades de los niños, sin eliminar por completo la disponibilidad de efectivo de las familias.

El oficialismo no acompañó esa propuesta.

Me harté de que toda discusión termine justificándose mediante una invocación genérica a “los más vulnerables”, como si pronunciar esas palabras volviera innecesario evaluar los resultados de las políticas.

Ayudar no es generar dependencia. Proteger no es sustituir para siempre la responsabilidad de los adultos. Reconocer derechos tampoco significa abandonar el deber de controlar cómo se utilizan los recursos de todos los uruguayos.

Cuando la transferencia monetaria se convierte en la respuesta principal y permanente, sin educación, contraprestaciones, seguimiento ni caminos reales hacia la autonomía, deja de ser un puente y corre el riesgo de transformarse en una herramienta de dependencia política.

Ahí es donde el asistencialismo comienza a parecerse demasiado al clientelismo electoral.

No quiero un país que condene a las personas a depender indefinidamente de un depósito del Estado. Quiero un país que les dé herramientas para elegir, trabajar, estudiar y construir su propio futuro.

También preocupa la falta de una apuesta firme por sectores capaces de generar empleo y desarrollo. El turismo, nuestra gran industria sin chimeneas, moviliza trabajadores, emprendedores y pequeñas empresas, además de impactar sobre el comercio, la gastronomía, el transporte, la cultura y numerosas actividades formales e informales.

Sin embargo, lejos de recibir un impulso acorde con su importancia, el Ministerio de Turismo enfrentará desde 2027 una reducción anual de $ 26 millones. Es incomprensible relegar un sector que puede generar trabajo genuino en todo el territorio nacional.

Tampoco alcanza con hablar de oportunidades para los jóvenes del interior. Durante el tratamiento parlamentario recibimos a jóvenes que relataron las dificultades que enfrentan para terminar sus estudios, acceder a una formación de calidad o conseguir su primer empleo.

Conocimos experiencias de estudiantes destacados que trabajan en laboratorios precarios, galpones y espacios sin las condiciones necesarias. Talento, esfuerzo y vocación sobran. Lo que falta es una política pública que los acompañe.

Un país que no invierte en el potencial de su gente termina perdiendo su recurso más valioso.

La sociedad civil organizada cumple un papel decisivo. Está en el club de barrio, la escuela de apoyo, el centro de rehabilitación, el grupo de madres que organiza actividades para recaudar fondos, la asociación que acompaña a personas con discapacidad y cada organización que sostiene silenciosamente el tejido social.

Esas instituciones no buscan mantener cautiva a la gente. Buscan que pueda salir adelante.

Por eso resulta tan injusto negarles recursos mínimos mientras se destinan decenas de millones de dólares a transferencias sin incorporar mecanismos suficientes de seguimiento y control.

No votamos esta Rendición, entre otras razones, porque no compartimos ese orden de prioridades.

No quiero un país en el que el esfuerzo de quien labura de sol a sol sea castigado.

No quiero un país en el que la pobreza se administre, en lugar de combatirse.

No quiero un país en el que se confunda justicia social con dependencia política.

Quiero un Uruguay que ayude en la emergencia, pero que también eduque, acompañe y genere oportunidades. Un país que fortalezca la libertad de las personas y no necesite su dependencia.

Porque gobernar no es repartir dinero para conservar poder.

Gobernar es crear las condiciones para que cada uruguayo pueda construir su vida sin quedar cautivo de nadie.