Nos encontramos en un momento crítico para la educación pública de nuestro país. Lo que algunos podrían tildar de retórica alarmista o de simple dialéctica opositora es, en realidad, la descripción cruda de una realidad que amerita llamar a las cosas por su nombre: el sistema educativo uruguayo atraviesa por una gran incertidumbre que compromete el futuro de las nuevas generaciones. La próxima comparecencia de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la ANEP ante la Comisión Permanente del Parlamento no debe ser tomada como un simple trámite burocrático o una instancia de oratoria. Por el contrario, debe ser una rendición de cuentas profunda sobre decisiones que están alterando, de forma silenciosa pero persistente, el rumbo de nuestra enseñanza.

¿Por qué afirmamos que la situación es tan delicada? Porque en el horizonte educativo hoy abundan las indefiniciones, los retrocesos hacia ideas que creíamos superadas y una alarmante falta de convicción para sostener los cambios que el país necesita. Lo que observamos no es un “collar de perlas” de aciertos aislados, sino los eslabones de una cadena con grillete que ancla a los estudiantes uruguayos a la superficie y les impide alcanzar el vuelo necesario para competir en un mundo globalizado. Es, en última instancia, la victoria del dogmatismo ideológico sobre la evidencia pedagógica.

Esta preocupación se manifiesta, en primer lugar, en el evidente desestimulo a la innovación en los centros educativos. El caso de los centros María Espínola es emblemático. Este modelo no nació como un mero establecimiento de estadía y alimentación; su verdadera esencia radica en el tiempo pedagógico extendido, el trabajo por proyectos y una integración real con la comunidad y el entorno social de los alumnos. Debilitar este formato, ya sea por falta de recursos o por desinterés en su gestión, es restarle calidad al tiempo a los jóvenes. Estamos ante el desmantelamiento de una de las propuestas más potentes de los últimos años, una que buscaba romper con la fragmentación del conocimiento y ofrecer una experiencia educativa integral para los sectores más vulnerables.

A este escenario se suma un regreso preocupante hacia el centralismo administrativo, una vieja receta que ha demostrado su ineficacia una y otra vez. La gestión actual ha optado por concentrar la supervisión y la toma de decisiones en oficinas de Montevideo, eliminando funciones clave de acompañamiento y contacto directo en los centros educativos de todo el país. Se rompe así el vínculo vital con la comunidad educativa en el territorio. Es un error de visión estratégica: la burocracia de escritorio jamás podrá sustituir la supervisión real, el conocimiento del contexto local y el apoyo cercano al docente en el lugar donde ocurren los aprendizajes. Esta recentralización solo genera lentitud, desmotivación en los equipos locales y una desconexión total entre quienes diseñan las políticas y quienes deben ejecutarlas en el aula.

Esa misma desconexión se percibe de forma alarmante en las nuevas mallas curriculares de la educación media. Aquí es donde el retroceso es más evidente. Restaurar el foco exclusivo en asignaturas obligatorias de corte tradicional, en detrimento de las competencias transversales y las opciones que permiten al estudiante explorar sus talentos, es ignorar el mundo que nos espera. Estamos en la era de la inteligencia artificial, de la economía del conocimiento y del cambio constante. En este contexto, el estudiante necesita, más que nunca, aprender a razonar, a criticar, a interpretar grandes volúmenes de datos y a seleccionar información con ética profesional. Volver a un dirigismo curricular rígido y enciclopedista es ir a contramano de los proyectos de vida de nuestros jóvenes. Además, la improvisación ha sido la norma: cambiar las reglas de juego a fines de 2025 ha generado un caos de planificación que todavía hoy, a días de iniciarse el ciclo 2026, los colegios privados intentan subsanar, enfrentándose a una inseguridad administrativa que atenta contra la calidad del servicio educativo.

Quizás el ejemplo más nítido de cómo el dogmatismo ideológico puede nublar el juicio técnico sea el proyecto de la Universidad de la Educación. Es fundamental ser claros: crear una institución universitaria exclusiva para un solo colectivo de actividad es una anomalía conceptual y un error de diseño institucional. Sería tan absurdo como pretender fundar hoy una “Universidad de los Notarios” para emitir títulos de Escribano, desconociendo que la excelencia académica surge de la universalidad, del intercambio entre diversas disciplinas y de una inserción real en los centros de práctica.

Mientras se insiste en este camino burocrático, se ha suspendido la prueba “Docente Acreditado”, una herramienta para que miles de profesionales pudieran jerarquizar su título y acceder al carácter universitario de forma efectiva. Al frenar este proceso, se ha tomado a los docentes como rehenes de una disputa ideológica. Por aferrarse a extremismos dogmáticos, se les cerraron puertas laborales y académicas a miles de trabajadores de la educación durante todo el 2025. El proyecto que hoy se impulsa no solo vulnera derechos adquiridos al ignorar grados y méritos obtenidos a lo largo de las carreras funcionales, sino que parece diseñado para expandir una estructura centralista con más cargos, más burocracia y más recursos de los contribuyentes destinados a sostener el aparato administrativo en lugar de mejorar la formación en el aula.

Este panorama se completa con una creciente inseguridad jurídica en el Consejo de Formación en Educación. La manera en que se han elegido las horas docentes, desconociendo en muchos casos los llamados a aspiraciones vigentes, y el cierre de cursos o maestrías sin asegurar la continuidad educativa de las cohortes actuales, reflejan una gestión que ha perdido el rumbo. No se puede hablar de calidad educativa cuando se vulneran las reglas del derecho y se genera incertidumbre en quienes deben sostener el sistema.

La educación pública uruguaya no puede ser el campo de batalla de prejuicios ideológicos ni el rehén de intereses corporativos que priorizan el statu quo sobre el aprendizaje de los niños y jóvenes. El país necesita certezas, metas claras y una gestión que tenga la valentía de sostener las transformaciones incluso frente a las presiones de turno. La ineficiencia y la falta de rumbo no son solo errores administrativos; son eslabones de esa cadena con grillete que hoy le ponemos a las nuevas generaciones, condenándolas a una formación que no dialoga con el futuro.

Quienes deben dar respuestas en el Parlamento tienen la responsabilidad histórica de explicar si estamos ante una verdadera transformación que busca la excelencia o si, simplemente, estamos asistiendo a un proceso de restauración de viejos dogmas que solo sirven para administrar la decadencia. El Uruguay del siglo XXI nos exige mucho más que eso; nos exige una educación que libere, que potencie y que, de una vez por todas, rompa las cadenas que detienen el progreso de quienes se están formando.