La sociedad uruguaya en medio de las inundaciones, de los viajes y encuentros presidenciales, del debate por la Rendición de Cuentas, de la reforma fiscal, el plan CEIBAL, el 1º de mayo y otras minucias, ha debido concentrar su atención en un tema estratégico, portentoso, un pilar del Uruguay Productivo hacia el 2025: el conflicto por el Call Center de ANTEL y sus aledaños.
No es un conflicto más, ni está en juego sólo la modalidad de los contratos de sus funcionarios, hay un choque frontal entre visiones diversas del país y del Estado.
La base argumental de los partidarios de que los 500 funcionarios que actualmente trabajan en los Call Center, y los nuevos que puedan incorporarse, se transformen en funcionarios públicos, es muy simple: si ése es un sector estratégico debe estar en manos del Estado y si está en manos del Estado, los funcionarios deben ser estatales y la operativa debe asumirla directamente ANTEL. De allí en adelante se derivan todas las consecuencias.
Cómo explicar que los guarda hilos son también estratégicos y que todos los empleados de empresas tercerizadas que trabajan para ANTEL, que hoy reclaman también su puestito público, cumplen tareas estratégicas, es un enorme misterio de la argumentación y el empeño corporativo.
Lo estratégico es que ANTEL - que debe competir con las dos mayores empresas de América Latina en la telefonía celular - y con otras empresas en otros sectores importantes, puede seguir haciéndolo con éxito.
Lo estratégico es que Uruguay no se retrase en su participación en la sociedad de la información y el conocimiento y disponga de niveles de conectividad técnica y económicamente accesibles para su gente y elabore proyectos de medio y largo plazo para el desarrollo tecnológico de sus comunicaciones y de ANTEL.
Y que reduzca las tarifas de sus servicios que luego de la crisis del 2002 y con bajísimos niveles de inversión en aquellos años grises, estaban altas y atrasados sus servicios. Si el Uruguay puede desarrollar el Plan Ceibal, una computadora para cada niño y cada maestro de las escuelas públicas de todo el país, es porque existe ANTEL, porque crece, se moderniza e invierte no sólo en servicios comerciales sino sociales.
Lo estratégico es que en un país donde el sector que notoriamente -y cada día más- crecerá de manera explosiva, la logística a todos sus niveles y modalidades disponga de un nivel de telecomunicaciones adecuado. La logística será un pilar del Uruguay productivo.
¿Quien dijo que un Call Center es estratégico? No podría serlo, es un delirio. Hay decenas de Call center operando en plaza y habrá otros compitiendo. Y nos auguramos que vengan otros a instalarse en Uruguay. Serán una muestra de salud económica y cultural. Si ANTEL atiende el reclamo de asumir como funcionarios públicos a todos los potenciales trabajadores de este sector, aumentando los costos en un 300 al 350% en relación a la actualidad, más temprano que tarde no habrá Call Center de ANTEL. No sólo por razones de costos, que debilitan a la empresa pública en sus tareas principales, sino por falta de flexibilidad.
Los Call Center deben ser flexibles, deben responder a los servicios que realmente atienden, de lo contrario no sirven. Serán una buena oficina pública, con abundante personal seguro, tranquilo, impávido ante los problemas que afrontan el resto de los uruguayos, pero no sólo no cumplirá sus funciones, sino que debilitará a ANTEL y sus responsabilidades estratégicas.
Lo que algunos no quieren entender y lo reducen a pequeñas batallas sectoriales es que la alternativa para el Uruguay productivo y más justo no es que cada uno saque su porción a dentelladas y que el resto de la sociedad pague. Las reivindicaciones sonarán a muy radicales pero son profundamente equivocadas.
Los Call Center de ANTEL podrán tener 300, 500, mil funcionarios y podrán volver a tener 500 funcionarios, o a la larga no tendrán a nadie. Porque los uruguayos queremos defender a ANTEL como empresa de todos los uruguayos, no de una mínima parte que trabaja en esa empresa.
Si la visión que impulsan determinados sectores para el ingreso masivo de nuevos funcionarios públicos se impone, no sólo no habrá reforma del Estado, sino que el país sufrirá un enorme retroceso, económico, social y cultural.
No hay fuerza capaz de invertir la tendencia de que los empleos no pueden ser en todos los casos de por vida. Los cambios en la estructura productiva en el mundo y en nuestro país ya no lo permiten. Como no se puede volver al feudalismo y a los siervos de la gleba, no se le puede garantizar a todos los que tengan algo que ver con el Estado que su empleo es perpetuo y naturalmente público. Es la mejor manera de debilitar al Estado.
Después están las herencias. Este gobierno ha sido extremadamente cauto y componedor en cuanto a los contratados, los eventuales, las diversas formas que los anteriores gobiernos utilizaron para violar la ley que impide el ingreso de nuevos funcionarios públicos y de mantener prácticas clientelísticas. Es comprensible este cuidado porque estos temas hay que tratarlos con mucho cuidado, en definitiva se trata de gente, de trabajadores.
Pero si se acepta en cualquier lugar que hay que reconocer esas situaciones de forma indiscriminada, incluyendo privilegios y sueldos de un guarda hilos que gana como 5 maestros, luego no habrá límites. Debemos aceptar que en todos lados se desatará una caza al empleo público perpetuo.
Faltan muchas cosas para definir con precisión en relación al Uruguay Productivo -menos de las que algunos creen- pero una cosa es segura, el empleo público o municipal masivo es la mejor manera de construir un gigantesco fracaso nacional y de dinamitar el Estado.
(*) Periodista. Coordinador de Bitácora.
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