El Tribunal Federal de Pernambuco, Brasil, ordenó en las últimas horas la demolición de un muro de troncos de cocoteros de más de 570 metros de longitud. La estructura está situada en una playa en Pontal de Maracaípe, en la costa meridional del estado.

 La cerca fue erigida en mayo de 2023 por orden del empresario João Vita Fragoso de Medeiros, dueño de los terrenos cercanos a la costa, y su presunta intención era contener la erosión marina.

Desde entonces, la estructura ha generado controversia, siendo objeto de movilizaciones populares y acciones legales por parte de vecinos de la zona y organizaciones ambientalistas. Entre los argumentos contra el muros  se contaban el hecho de que restringe el tránsito de personas, dificulta el acceso al manglar y también la anidación de tortugas.

También se señaló que las bolsas plásticas que sustentan los troncos liberan fragmentos que crean “un riesgo de ahogamiento” para aves y animales marinos, e intensifican la erosión y polución en las playas vecinas, según informa CNN Brasil.

La estructura ya había sido demolida en enero de 2025 por el gobierno del estado de Pernambuco, pero el empresario la reconstruyó al día siguiente, amparándose en una orden judicial. La Fiscalía Federal, con base en información del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) y la CPRH (Agencia Estatal de Medio Ambiente de Pernambuco), solicitó su demolición definitiva. La construcción excedió la extensión inicialmente autorizada de 250 metros y ocupó ilegalmente más de mil metros cuadrados de terreno público.

Una evaluación pericial del lugar, ordenada por el tribunal, indicó que el muro está ubicado al 100% dentro de un área de protección ambiental, solapándose con una franja del río, vegetación costera (un ecosistema costero típico) y manglares.

Según la resolución, el propietario tiene 15 días para demoler la estructura por completo y deshacerse de los residuos de forma respetuosa con el medio ambiente. Si no se cumple el plazo, el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) y  la CPRH (Agencia Ambiental del Estado de Pernambuco) están autorizados a retirar directamente el muro, cuyos gastos se reembolsarán posteriormente.