Por The New York Times | Hiroko Tabuchi

Suiza, una de las naciones más ricas del mundo, tiene un objetivo climático ambicioso: promete reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

No obstante, los suizos no pretenden reducir tanto las emisiones dentro de sus propias fronteras, sino que el país europeo está recurriendo a sus cuantiosas arcas para pagarles a naciones más pobres, como Ghana o Dominica, para que sean estos los que reduzcan sus emisiones y Suiza se lleve el crédito.

A continuación, un ejemplo de cómo funcionará: Suiza está pagando para instalar iluminación eficiente y estufas más ecológicas en hasta 5 millones de hogares en Ghana; estas instalaciones ayudarán a los hogares a dejar de quemar leña para cocinar y a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así, Suiza, y no Ghana, podrá contabilizar esas reducciones de emisiones como parte de su progreso hacia sus objetivos climáticos.

Veronika Elgart, directora adjunta de política climática internacional de la Oficina Federal del Medioambiente de Suiza, afirmó que este tipo de acuerdos podría generar acciones climáticas adicionales y beneficiar a los países anfitriones.

Sin embargo, hay dudas sobre si este mecanismo es justo, un tema medular de los debates de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima que se celebra esta semana en Sharm el-Sheij, Egipto. Uno de los principales temas de fricción diplomática se centra en la medida de cuáles países ricos deberían compensar a los países más pobres por los daños causados por el cambio climático y ayudarles a adaptarse, en especial porque las naciones ricas del mundo son desproporcionadamente responsables de las emisiones de dióxido de carbono que calientan el planeta.

Según los críticos, si otras naciones siguen el ejemplo de Suiza, se podría retrasar la acción climática en los países más ricos del mundo mientras que el trabajo se concentraría en reducir las emisiones en los países pobres. Además, podrían aprovecharse de los proyectos que estos países habrían llevado a cabo de cualquier manera, con o sin financiamiento extranjero.

“Es una manera de transferir la responsabilidad de reducir las emisiones”, señaló Crispin Gregoire, quien fue embajador ante las Naciones Unidas de Dominica, un pequeño país insular de 72.000 habitantes que llegó a un acuerdo con Suiza el año pasado. “En lugar de reducir sus propias emisiones, Suiza recurre a otros países (que tienen emisiones muy bajas) para cumplir con esa obligación”.

En la cumbre mundial sobre el clima celebrada el año pasado en Glasgow, Escocia, el presidente boliviano Luis Arce equiparó la idea a un “capitalismo del carbono”.

El Acuerdo de París de 2015 les permitió a los países cooperar de manera provisional para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y las naciones han avanzado en el establecimiento de algunas de las reglas en las conversaciones globales, por ejemplo, la creación de una guía para asegurarse que las reducciones de emisiones no se contabiliza por partida doble, pero todavía hay que afinar gran parte del funcionamiento real, como la manera de evaluar y supervisar los proyectos. Estos temas forman parte de la amplia agenda de los negociadores del clima reunidos en Sharm el-Sheijh.

Suiza ha declarado explícitamente que no alcanzará sus objetivos de reducción de emisiones por sí sola y que necesita buscar al menos una tercera parte de su cuota en otros lugares. El país ya genera la mayor parte de su electricidad a partir de energías renovables (hidroeléctrica y nuclear), lo cual le dificulta alcanzar una mayor reducción de las emisiones.

Hasta ahora, Suiza ha firmado pactos con ocho países (Perú, Ghana, Senegal, Georgia, Vanuatu, Dominica, Tailandia y Ucrania) y está en conversaciones con al menos tres países más. Japón y Suecia han manifestado su intención de desarrollar acuerdos similares.

La posibilidad de que este tipo de acuerdos puedan acabar financiando proyectos que ya estaban en marcha resulta preocupante, según Thomas Day, experto en mercados de carbono del Instituto NewClimate, una organización de Colonia, Alemania, que aboga por políticas climáticas más audaces.

Por ejemplo, el objetivo inicial de Suiza era invertir en la modernización de la eficiencia energética de los edificios públicos de Georgia; sin embargo, este país ya tenía planeadas esas mejoras. Eso significaba que le habrían dado a Suiza el crédito por una reducción de emisiones que se habría producido de todos modos, dijo Day. Entonces, Georgia tendría que asumir proyectos más difíciles o costosos para seguir cumpliendo con sus propios objetivos, mientras que, en efecto, les daría a los suizos el crédito por las acciones más sencillas.

Las naciones ricas como Suiza tienen la obligación de ayudar a los países en desarrollo sin pedir nada a cambio, señaló Jade Begay, directora de justicia climática del colectivo NDN, una organización social y medioambiental dirigida por indígenas con sede en Rapid City, Dakota del Sur.

La norma que permite este tipo de acuerdos es “peligrosa”, comentó Begay, porque les permite a los países más ricos “seguir contaminando y continuar como siempre, lo cual es la raíz del problema”.

Mischa Classen, director de la Fundación KliK, una organización sin fines de lucro que colabora con el gobierno en la aplicación de los acuerdos, aseveró que Suiza ahora tiene previsto financiar políticas más ambiciosas en Georgia, como la inversión en eficiencia energética para los hogares.

Según Elgart, Georgia puede autorizar o rechazar los proyectos contemplados en el acuerdo y señaló que sus socios son “los que mandan”. Suiza también verificará que no estuviera previsto llevar a cabo esos proyectos de otro modo, añadió. El Ministerio de Protección Medioambiental y Agricultura de Georgia no respondió a la solicitud de comentarios.

El debate se produce en un momento en el que las naciones ricas del mundo se enfrentan a críticas por no compensar a las naciones más pobres, como lo habían prometido, para que puedan adaptarse mejor al aumento de las temperaturas.

Según un análisis del Instituto de Desarrollo de Ultramar, las contribuciones de Suiza al financiamiento mundial para el clima están casi un 40 por ciento por debajo de lo que sería su cuota de un objetivo acordado a nivel internacional de 100.000 millones de dólares al año. También se está quedando atrás en sus objetivos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. Un paisaje de Tiflis, la capital de Georgia, el 19 de noviembre de 2018. (Daro Sulakauri/The New York Times)