El senador blanco Javier García elevó un pedido de informes al Banco Central del Uruguay (BCU) a raíz de un reporte de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos (EE. UU.), el cual consignó el periodista Román Lejtman para Infobae. En él, el organismo estadounidense advierte sobre una red financiera entre Venezuela e Irán que utilizó bancos corresponsales de diversos países, entre ellos Uruguay, para evadir sanciones internacionales y canalizar fondos de forma opaca.
Según el documento, elaborado a partir del análisis de unos 3.000 archivos oficiales, esta arquitectura incluyó mecanismos como fondos bilaterales, fideicomisos y estructuras financieras que operaron también en Panamá, Dubái y Hong Kong. “La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong”.
El informe también detalla que la evasión de sanciones se apoyó en un entramado financiero complejo que incluyó el Fondo Binacional Irán-Venezuela —con recursos por unos US$ 2.000 millones—, el Fonden y la triangulación de operaciones a través de bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong, lo que habría permitido canalizar fondos y facilitar maniobras de lavado de dinero.
La investigación sostiene que estos circuitos permitieron transferir recursos hacia empresas estatales iraníes vinculadas a sectores estratégicos. “Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.
En diálogo con Montevideo Portal, el legislador manifestó la trascendencia del hecho. “No puede pasar desapercibido un informe que diversos medios internacionales publican y que vinculan a algún banco con sucursal en Uruguay con triangulaciones de dinero entre Venezuela e Irán y, eventualmente, con participación de grupos terroristas”, comentó García. “Sin violentar el secreto bancario, presento el pedido de informes con una serie de preguntas respecto al reporte de operaciones sospechosas: aquellas que pueden estar presumiblemente implicadas en participar de algún tipo de ilícito vinculado al crimen organizado”, agregó.
La DEA también describe una cooperación que trasciende lo financiero e incluye áreas militares y nucleares. “Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear a través de la triangulación con Argentina, apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.
El informe agrega que Venezuela habría funcionado como plataforma para organizaciones consideradas terroristas por Washington. “Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamás, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.
Asimismo, se detalla la conexión con redes criminales en América Latina. “Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y cárteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.
En esa línea, el documento concluye que el vínculo entre Caracas y Teherán excede lo diplomático. “La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.
Estas conclusiones forman parte de la evidencia que la justicia federal de Estados Unidos analiza en el marco de la causa contra Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Su defensa, encabezada por el abogado Barry J. Pollack, presentó recientemente un recurso en el que sostiene que el proceso vulnera la Quinta y la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, argumento con el que busca anular los cargos.
El tribunal de Nueva York convocó a una audiencia para el 26 de marzo, en la que se evaluará este planteo y se definirá el futuro de la estrategia de defensa del exmandatario venezolano.