En Entre Ríos, la Justicia dio lugar al amparo ambiental presentado para derogar una controvertida resolución que habilitó la caza menor en el territorio, que incluía a distintas especies de patos.
La medida judicial dictada el pasado 7 de julio ordena anular el permiso para “la caza para el presente año de las especies autóctonas Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Capuchino (Anas versicolor) y Perdiz Chica (Nothura maculosa)”.
Esta regulación habilitaba desde el 14 de mayo pasado y hasta el 15 de agosto la caza de seis especies, “cinco de ellas autóctonas”, según denunciaron las entidades que patrocinaron la demanda, informó el medio Análisis Digital.
El Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), el Foro Ecologista de Paraná, Conciencia Animal ONG, el Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos (Caaser) y la Asociación Civil por la Justicia Ambiental (AJAM) ingresaron el pedido el 9 de junio pasado luego de solicitar públicamente la marcha atrás con la resolución provincial a la que criticaron entre otras razones porque “no contaba con estudios sobre la cantidad y las condiciones de las especies autóctonas a las que se daba vía libre para la matanza”.
La ONG ambientalistas Conservación Especies Nativas del Uruguay (Coendu) realizó el pasado viernes un vivo en Instagram con Gabriel Bonomi, socio fundador y coordinador del equipo de Ceydas, impulsores de este recurso de amparo.
“La fundamentación encaja absolutamente para Uruguay”, señalaron desde Coendu a Montevideo Portal, y explicaron que evalúan si es posible hacer lo mismo en nuestro país en este tema.
El pasado mes de junio la asociación civil remitió al presidente Luis Lacalle Pou, al ministro de Ambiente, Adrián Peña y a la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE), un informe sobre caza de patos en Uruguay.
En el texto, al que accedió Montevideo Portal, se señala (al igual que en 2018) que “esta actividad, recién vuelta a habilitar tras moratoria hace tres años, sigue practicándose ilícitamente, ya desde la propaganda internacional de los gestores turísticos en la que ofrecen especies de caza prohibidas”.
Además, Coendu lanzó un video que muestra que “los propios cotos o gestores (entre ellos, los impulsores del nuevo y muy cuestionado decreto 138/2022 de promoción de caza) publicitan sus ilícitos mostrando caza prohibida”.
La asociación sostiene que el Poder Ejecutivo “debería establecer una reglamentación nueva que establezca las condiciones de esta actividad basada en estudios poblacionales de las diferentes especies, ninguna de las excepciones (autorizaciones a la caza de determinadas especies) se ha realizado con sustento en informe técnico, ni estudio poblacional alguno”.