El gobierno de Estados Unidos impulsó un caso que podría marcar un precedente sobre la privacidad digital en las fronteras del país. Por primera vez, un ciudadano estadounidense enfrenta cargos por presuntamente borrar el contenido de su celular cuando agentes federales intentaban incautarlo durante un control migratorio.

Según consignó The Verge, la Fiscalía acusa a Sam Tunick de haber entregado una “contraseña de coacción” en lugar de la clave real de su teléfono. Al ser ingresada por los agentes, el dispositivo ejecutó automáticamente un borrado completo de los datos.

Para sostener la acusación, el gobierno recurrió a una ley federal poco utilizada que castiga a quien destruya o dañe bienes con el objetivo de impedir que las autoridades los incauten. De prosperar esa interpretación, el caso podría ampliar el alcance de esa norma al ámbito de los dispositivos electrónicos.

La defensa sostiene que la incautación fue ilegal y pidió que toda la evidencia sea descartada. También afirmó que Tunick no tuvo acceso a un abogado, que los agentes no presentaron una orden judicial y que el verdadero objetivo del procedimiento era investigar sus vínculos con el movimiento de protesta Stop Cop City, y no una causa por explotación infantil, como argumentó el gobierno.

El teléfono utilizaba GrapheneOS, un sistema operativo enfocado en la privacidad que permite configurar una clave especial para borrar automáticamente la información del dispositivo si se introduce bajo una situación de coacción.