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Judiciales

En la Justicia

Colegio de Carrasco que cerró a principios de año acumula más de 20 demandas millonarias

El personal que trabajaba en la institución asegura que se enteró de la decisión por la prensa antes del comunicado oficial.

27.04.2024 09:00

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Por Joaquín Symonds

A comienzos de este año, cuatro colegios privados cerraron sus puertas. El tema causó polémica y preocupación en las autoridades de la educación, mientras que los empresarios alegaron que la situación económica general del rubro impulsó a que bajaran las cortinas. 

Uno de los centros educativos que cerraron fue el New Zealand School (Wings College Ltda), que se ubicaba sobre la calle Cooper 2271, en Carrasco Norte. 

El semanario Búsqueda dio cuenta de que la institución cerraría sus puertas, lo que causó sorpresa en el equipo docente y padres de los alumnos porque hasta el momento no se les había comunicado nada oficialmente. Esto sucedió sobre fines del año pasado, pero hasta los primeros meses de 2024 la directiva les comunicó a los trabajadores que seguirían adelante. 

Sin embargo, en febrero se confirmó el cierre de puertas de la institución. Ante esto, algunos trabajadores del New Zealand School esperaban que se les pagara la liquidación y también parte de las deudas salariales, sobre todo salarios vacacionales, que se debían previamente desde 2021. 

En algunos casos los propietarios del colegio dejaron de responder a las consultas de los docentes y demás empleados acerca de qué fecha de pago manejaban. En otros, se mencionó que con el correr de la semana podrían saldar el dinero adeudado. 

Finalmente, los trabajadores decidieron realizar una serie de demandas laborales y también penales en contra de los dueños. 

De acuerdo con el registro del Poder Judicial al que accedió Montevideo Portal, existen alrededor de 30 juicios en contra del New Zealand School, mientras que el monto que se reclama escala a los aproximadamente US$ 3 millones. 

Cuando el grupo de trabajadores inició las acciones legales, se encontraron con una serie de irregularidades previas al cierre de la institución. Por ejemplo, había algunos funcionarios que no recibían aportes al Banco de Previsión Social (BPS) desde hacía por lo menos un año, según los informes de AFAP. 

Entre las irregularidades constatadas también aparece que varios trabajadores no recibían recibos de sueldo. De acuerdo con los elementos que pudieron reunir los defensores demandantes, estas situaciones se repiten desde enero de 2023. También hubo quienes fueron enviados a seguro de paro, pero seguían trabajando. 

En una de las demandas ingresadas a la órbita de la Justicia, una de las docentes aseguró que los socios comunicaron el cierre de Secundaria “15 días antes de comenzar el período lectivo”. Esta decisión fue previa al cierre total de la institución, debido a la baja cantidad de alumnos. 

Sin bienes a su nombre   

Previo al cierre definitivo del colegio, algunos demandantes intentaron librar una serie de órdenes de embargo con el fin de obtener esos inmuebles como parte de pago de lo adeudado. 

Sin embargo, las autoridades no pudieron encontrar ningún bien mueble o inmueble a nombre de los hermanos que integran la sociedad dueña del colegio. 

Además, en los trámites de búsqueda lo que sí aparece a nombre de los dueños son dos autos —un Mercedes Benz C200 y un Audi A1— que tienen deudas activas. El Mercedes acumula mora por $ 116.133 y el Audi por $ 40.033. 

Sobre finales de 2023, llegó al colegio un alguacil y los abogados de una demandante con el fin de relevar los materiales del colegio que tuvieran un valor de embargue. Los docentes que estaban en la institución comenzaron a llamar a los propietarios, pero se negaron a ir porque estaban en una fiesta de fin de año con parte del alumnado. 

Finalmente, fue el hijo de una de las propietarias, pero las autoridades le explicaron que debían aparecer los dueños para firmar la constancia que dejó el Poder Judicial. 

La respuesta del colegio 

Fuentes allegadas a la institución reconocieron los saldos adeudados que tienen y aseguraron que se han presentado a cada una de las instancias judiciales, algo que desde el grupo de demandantes niegan. 

“A todos se les va a cumplir con lo que corresponda —lamentablemente más lento de lo que la gente se merecería— y se sigue con el proyecto de abrir el año que viene o el otro”, añadió el informante, aunque reparó que esto no es una certeza, sino que es el objetivo que persiguen. 

Por Joaquín Symonds