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La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, anunció este lunes en conferencia de prensa que el Frente Amplio está buscando acordar y crear un plan de emergencia contra la violencia de género, que tendrá como punto de partida el que le presentó hace algunas semanas el sector Casa Grande al candidato Daniel Martínez.
Villar dijo que una de las principales preocupaciones es el dinero presupuestal destinado para poner en marcha a la Ley integral contra la violencia basada en género, la que se "votó demasiado tarde" y por eso no pudo obtener el dinero suficiente, sobre todo para la creación de los juzgados y fiscalías especializadas y la compra de tobilleras electrónicas.
Villar dijo que, después de acordar internamente, el plan será llevado a diferentes organizaciones sociales y a los otros partidos políticos. "Creemos que este tema no es solo un tema de recursos, sino de campañas de bien público, hay que pedirle a la prensa que nos acompañe, campañas de educación que nos permitan trabajar colectivamente como sociedad", dijo.
"Queremos salir con este tema, ampliando loa aliados sociales, porque es un asunto que no se soluciona solo con las tobilleras", remarcó.
En la primera reunión, que fue este lunes, participaron representantes de varios sectores del Frente Amplio, y se buscó generar una propuesta única, ya que existen varias iniciativas, como la propia de Casa Grande, pero también hay otras del Ir y de la ex precandidata Carolina Cosse. También participaron del encuentro la Intersocial Feminista y mujeres independientes del FA.
La semana pasada, el sector del Frente Amplio Casa Grande, que lidera la senadora Constanza Moreira, le presentó a Martínez un "Plan de Emergencia Nacional por una vida libre de violencia de género hacia las mujeres", que buscará especialmente dotar de presupuesto a la ley de violencia basada en género, uno de los principales reclamos de las organizaciones feministas.
El plan buscará también el "fortalecimiento" del sistema interinstitucional en la respuesta a la violencia doméstica. La propuesta "debe implementarse" de esta manera, "tomando en cuenta criterios territoriales y garantizando el diálogo con organizaciones sociales y el movimiento de mujeres y feminista".
La iniciativa deberá estar dotada de un presupuesto de $ 100 millones por año, pero el sector señala que un 30 % de ese monto ya se está aplicando en el presupuesto nacional actual.
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