Marcha contra el aborto

La Cámara de Representantes se reúne este martes para votar el proyecto de "Interrupción voluntaria del embarazo".

En este contexto, la "Mesa Coordinadora Nacional por la Vida" convoca a una concentración y marcha para este día lunes, en busca de protestar contra la posible aprobación de dicho proyecto.

La concentración comienza a las 19 hrs en la Explanada de la Universidad de la República. Desde allí marchas por 18 de Julio hasta la Plaza Cagancha, donde leerán una nueva proclama.

El edil del Partido Nacional (PN) Carlos Iafigliola, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida, dijo a Montevideo Portal que "las organizaciones pro vida han estado movilizadas durante todo el mes, básicamente oponiéndose a lo que se intenta aprobar mañana en el Parlamento, que es legalizar el aborto. Cuestionamos los procedimientos que llevaron adelante los parlamentarios para aprobar esta ley, y calificamos dicho proceder como antidemocrático".

"Cuestionamos el fondo de la cuestión, porque más allá de los elementos y matices, termina siendo una ley que legaliza el aborto en Uruguay. Vamos a hacer una gran movilización en Montevideo y en el interior del país. Sabemos por como se vienen dando las movilizaciones y la convocatoria en las redes sociales, puede ser la marcha más grande de todas de las que hicimos en los últimos años. Esperamos varias cuadras de personas acompañando la marcha", concluyó Iafigliola.

La otra campana

La semana pasada, la Coordinadora por el Aborto Legal expresó su preocupación por las "implicancias prácticas" que puede tener el proyecto sobre aborto que se encuentra en el Parlamento. Ana Lima, integrante de la organización, dijo a Montevideo Portal que este proyecto "no ampara el derecho de las mujeres" y podría dar lugar a reclamos en el futuro.

La Coordinadora por el Aborto Legal expresó su preocupación por las "implicancias prácticas" que puede tener el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que será considerado el próximo martes en la Cámara de Diputados. Según un comunicado de la organización, las observaciones que planteó ante la comisión que abordó el tema "no fueron consideradas".

En ese sentido, Lima afirmó que "más allá de la buena voluntad y el trabajo de los legisladores" el proyecto que presumiblemente será aprobado el próximo 25 de setiembre "no ampara el derecho de las mujeres" y "no logra que Uruguay cumpla con todas las garantías" para la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso, según la Coordinadora, marca retrocesos con respecto a la legislación vigente en algunos puntos.

Uno de los puntos que los defensores de la legalización del aborto marcan como más problemáticos es la existencia de un "tribunal" que habilita a la mujer a realizar el aborto, exponiendo a la paciente a manifestar ante ellos su caso.

De hecho, la ley prevé la conformación de un "equipo interdisciplinario" con el objetivo de brindar un "apoyo psicológico y social a la mujer" para "contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable". Para la coordinadora, lo expresado en el proyecto redunda en que el tribunal buscará "convencerla de que no se practique el aborto", luego de que ella "exponga sus penurias" ante los profesionales.

Lima sostuvo que este mecanismo propiciará situaciones discriminatorias para las mujeres que decidan abortar, ya que entiende que el proceso previsto por la ley termina ubicando a la mujer en una posición de "humillación".

La integrante de la Coordinadora por el Aborto Legal señaló la falta de sanciones para las instituciones que no cumplan los plazos establecidos como uno de los errores más importantes del proyecto. La iniciativa permite el aborto solamente dentro de las 12 primeras semanas de embarazo y estipula plazos para que las instituciones de salud atiendan la voluntad de la paciente de interrumpirlo. Sin embargo, Lima indicó que la falta de sanciones deja abierta la posibilidad de que las mutualistas "se atrasen", provocando que la mujer pase a estar cometiendo un delito o "deba afrontar un embarazo que quiso interrumpir".

Lima se refirió además a la diferencia entre "despenalizar" y "legalizar" y las consecuencias que tiene la elección por el primero de los términos, hecha en el proyecto de ley. Según la iniciativa, el aborto seguirá siendo un delito cuando no se cumplan las condiciones detalladas en él, por lo que "si una persona sospecha que su vecina abortó fuera del procedimiento podrá denunciarla y abrir todo el proceso legal correspondiente". Para la Coordinadora, la posibilidad de que ello ocurra no respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo.

"Está claro que hay muchas cosas que dependerán de la reglamentación de la ley, pero está claro que lo que no esté en el proyecto no se va a poder reglamentar", sostuvo Lima, agregando que, así planteado, la puesta en práctica del procedimiento para abortar "podría dar lugar a reclamos contra el Estado, dentro y fuera del país".