En el marco de la segunda edición del Simposio Latinoamericano sobre Asuntos Regulatorios, autoridades uruguayas anunciaron una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso al cannabis legal, tanto con fines medicinales como recreativos, reafirmando el liderazgo del país en la regulación de esta industria.
El evento, realizado en la Fundación Cervieri Monsuárez, reunió a representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), organismos gubernamentales, intendencias y expertos internacionales de más de ocho países latinoamericanos. El encuentro subrayó la necesidad de avanzar en normativas más inclusivas, formación médica especializada y mecanismos regulatorios eficientes para facilitar el desarrollo del sector.
Incorporación del cannabidiol al formulario terapéutico
Uno de los anuncios más relevantes fue realizado por Edelma Ros, coordinadora del Programa de Cannabis Medicinal del MSP, quien informó que se ha redactado un plan estratégico quinquenal cuyo eje central es incorporar el cannabidiol (CBD) al formulario terapéutico de medicamentos del sistema de salud pública. Esta medida permitiría que tratamientos a base de cannabis medicinal sean accesibles dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
No obstante, Ros advirtió que aún se requiere una evaluación técnica y regulatoria para que la propuesta sea aprobada. Además, reconoció que uno de los principales obstáculos para el acceso sigue siendo la falta de profesionales capacitados, por lo que el MSP prevé formar a médicos, farmacéuticos y personal de salud en el uso terapéutico del cannabis.
Ajustes a la regulación del cannabis recreativo
Por su parte, Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCCA, adelantó que se están estudiando reformas para ampliar la cobertura del mercado formal de cannabis recreativo. A 12 años de la histórica legalización de esta sustancia en Uruguay, las autoridades reconocen que, si bien los resultados han sido positivos, la regulación vigente presenta rigideces que impiden una expansión más efectiva del acceso.
“No se trata de flexibilizar indiscriminadamente, sino de actualizar y optimizar la normativa vigente”, explicó Rodríguez. El objetivo es cerrar vacíos legales, eliminar duplicaciones y superar trabas burocráticas que han limitado el alcance del mercado legal y favorecido la persistencia del mercado informal.
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