La muerte de al menos 68 personas en Argentina por la administración de fentanilo contaminado puso en evidencia no solo una gravísima falla sanitaria, sino también un escándalo empresarial de proporciones aún desconocidas. La tragedia, con epicentro en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y que se extiende a más de una veintena de hospitales del país, involucra directamente al laboratorio HLB Pharma Group, actualmente bajo investigación judicial por sus prácticas comerciales y sanitarias.
Una cadena de omisiones y advertencias desoídas
La sustancia contaminada contenía dos bacterias multirresistentes —Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae— , detectadas inicialmente tras un brote inusual de infecciones en terapia intensiva. Sin embargo, los antecedentes datan de al menos dos años antes, cuando una médica en Entre Ríos denunció ante la ANMAT la contaminación bacteriana en medicamentos del mismo laboratorio. El organismo regulador, lejos de tomar medidas preventivas, respondió entonces que el producto cumplía con los requisitos formales.
Esta omisión institucional cobra ahora una dimensión trágica. ANMAT ya había iniciado más de 250 expedientes contra HLB Pharma, y en febrero de 2025 había bloqueado la producción del laboratorio por fallas graves en su sistema de calidad. Pese a ello, los lotes de fentanilo defectuosos ya estaban en circulación.
El trasfondo empresarial: opacidad y sospechas de encubrimiento
La investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, revela un complejo entramado de empresas vinculadas entre sí, muchas con escasa relación con la industria farmacéutica, y que podrían haber servido para ocultar maniobras ilícitas. Nueve firmas están bajo la lupa, así como el empresario Ariel García Furfaro y otros socios, incluyendo familiares. Las pesquisas incluyen 22 allanamientos, decomiso de documentación, inmovilización de bienes y prohibición de salida del país para los involucrados.
Lo que emerge es una estructura opaca, donde se diluyen responsabilidades y se dificultan los controles. La situación recuerda a otros escándalos sanitarios en la región, donde la desregulación, la tercerización sin control y la debilidad institucional permiten que productos críticos lleguen a pacientes en condiciones inseguras.
¿Y ahora qué?
Los familiares de las víctimas piden justicia, mientras se multiplican los cuestionamientos al rol de ANMAT y al Estado. La crisis deja lecciones urgentes: reforzar los mecanismos de vigilancia farmacéutica, revisar la trazabilidad de medicamentos críticos y garantizar que las sanciones regulatorias tengan consecuencias reales.
La tragedia del fentanilo contaminado no solo desnuda una catástrofe sanitaria; también evidencia un patrón sistémico de negligencia, falta de control y connivencia empresarial que debe ser investigado con rigor y resuelto con reformas de fondo.
Con información de EFE