Una mujer de 30 años, declarada clínicamente muerta hace más de tres meses, permanece con respiración asistida en un hospital estadounidense debido a una ley que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas. Ocurre en el estado de Georgia, y la familia de la paciente alega que se le impide tomar cualquier decisión sobre el destino de la mujer, debido a la legislación actual.
A principios de febrero, Adriana Smith acababa de entrar en la novena semana de embarazo de su segundo hijo cuando comenzó a quejarse de fuertes dolores de cabeza. Buscó ayuda en el Hospital Northside, en Atlanta, donde le dieron medicación y la enviaron a casa sin hacerle ninguna prueba ni tomografía computarizada, según contó su madre, April Newkirk, a la cadena NBC.
Al día siguiente, su pareja la encontró inconsciente y con dificultades para respirar. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital y posteriormente trasladada a otro. Fue entonces cuando las pruebas revelaron múltiples coágulos en su cerebro y se declaró la muerte cerebral. Desde entonces, Adriana respira únicamente con ayuda de máquinas. Actualmente lleva 21 semanas de embarazo.
La decisión de mantener activos los sistemas de soporte vital está guiada por la legislación estatal conocida como Ley LIFE, una norma aprobada en 2019 por el gobernador republicano Brian Kemp, pero que recién entró en vigencia en 2022. La ley prohíbe casi todas las formas de aborto después de la sexta semana de embarazo.
La norma contempla excepciones en casos específicos de riesgo para la vida de la mujer, anomalías fetales o violencia sexual comprobada. Sin embargo, Adriana Smith no parece encajar en ninguna de esas categorías, por lo que la familia sufre el hecho de ver a la joven convertida en una incubadora humana.
"Es una tortura para mí. Veo a mi hija respirar, pero ya no está", dijo Newkirk, y añadió que ella no tiene poder de decisión sobre el caso. "No digo que hubiéramos elegido interrumpir el embarazo, pero deberíamos haber tenido esa opción", expresó.
Incapaces de hacer nada, el plan de los médicos es mantener a Adriana Smith conectada a máquinas hasta que el feto tenga al menos 32 semanas y pueda sobrevivir fuera del útero, es decir, dentro de 11 semanas. Mientras tanto, la familia, además del sufrimiento emocional, también enfrenta la carga financiera de extender el soporte vital.
La organización SisterSong, que lucha por los derechos reproductivos, criticó este caso. La directora ejecutiva, Mónica Simpson, cree que Adriana no recibió la atención adecuada inicialmente, lo que empeoró la situación. “Este tipo de ley crea zonas grises peligrosas. No es blanco o negro. Ahí es donde reside el peligro”, advirtieron.
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