“Estamos llegando tarde”, dijo especialista sobre salud mental infantil y adolescente

La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU) presentó el documento “Ley y Plan de Salud Mental: Aportes de la SPU a su implementación” para su discusión, y que tiene como principal objetivo impulsar la implementación de la Ley 19.529 de Salud Mental.

El evento se realizó en la sede del Sindicato Médico del Uruguay. Su presidenta, la doctora Zaida Arteta, dijo que el sindicato “dio marco” a esta presentación pública porque su institución entiende que “la salud mental” es un “tema que nos afecta a todos”.

En este sentido, señaló que “es imprescindible” avanzar en el “trabajo en equipo y multidisciplinario” y cambiar el “modelo hospitalocéntrico” por otro “descentralizado, basado en el primer nivel de atención y con un enfoque preventivo”.

“Entendemos muy importante que esta propuesta de la SPU se haga pública”, aseguró Arteta.

Para cumplir con la ley

El presidente de la SPU, Artigas Pouy, aseguró que el documento que contiene la propuesta es “una base para discutir y poner algunas cuestiones sobre la mesa”.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas sufre algún tipo de trastorno mental, siendo los más comunes la depresión y los trastornos de ansiedad”, dijo, y afirmó que en el país hay 260.000 personas que consumen sustancias psicoactivas, según cifras del Observatorio Uruguayo de Drogas.

“Es momento de discutir y hacerse cargo de esta situación”, sentenció al respecto de esta realidad.

Afirmó que las consecuencias que trajo la pandemia todavía se conocen “parcialmente”, pero lo que sí se puede asegurar, según datos de la OMS, es que “los trastornos mentales” pasaron a ser “la principal causa de años perdidos por discapacidad”.

“Hay una brecha entre la prevalencia de estas enfermedades y los recursos que se destinan”, dijo Pouy, e informó que, en la región, los gastos de los presupuestos destinados a salud mental están en el entorno del 2% dentro de los presupuestos de salud.

“Para achicar esto, necesitamos inversión financiera y voluntad política”, consideró el especialista, y recordó que Uruguay “ha firmado compromisos internacionales para cambiar esta realidad”.

Mencionó como pasos previos en este camino: la reforma de la salud en 2007, la aparición de las prestaciones de salud mental en 2011, y la Ley de Salud Mental aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2007.

Pouy dijo que la SPU propone un diálogo “sobre los trastornos mentales graves y los trastornos por abuso de sustancias”.

Asimismo, destacó la importancia de trabajar con equipos básicos del primer nivel de atención, y la necesidad de que estos “no estén centrados en episodios agudos” y puedan contar con el apoyo de una red de dispositivos de salud.

Asimismo, entiende necesario avanzar en “tratamientos de alcance comunitario”, “mayor coordinación entre la salud pública y privada”, y “evaluación y ajuste” de estas políticas por parte del Ministerio de Salud Pública, bajo el paradigma de la “intersectorialidad”.

Al respecto, la doctora Sandra Romano acotó que en la Ley de Salud Mental ya está planteado un cambio de paradigma y que, a su juicio, “es imposible crear la red de dispositivos” que propone la ley sin tener una coordinación con los prestadores de salud.

Posible financiación

El doctor Ángel Valmaggia, en representación de la SPU, recordó que ya pasaron cinco años desde que se aprobó la Ley de Salud Mental, en la que trabajaron 29 instituciones, y expresó que, “si bien ha habido algunos logros, es momento de quebrar ciertos muros”.

En este sentido, se refirió a la actual fragmentación de los servicios de atención y a “muros ideológicos” que existen entre lo público y lo privado, que es necesario “modificar”.

Como solución para financiar la implementación de la Ley de Salud Mental, la SPU propone la creación de un fideicomismo.

“Creemos que es totalmente posible”, dijo Valmaggia, y explicó que de este participarían las instituciones y ministerios que están incluidos en en la ley, y que “otra parte” de la financiación puede salir de “una sobrecuota de inversión en el aporte mutual”.

Recordó que este mecanismo ya se utilizó, a través de otra ley, para financiar el sistema de historias clínicas electrónicas en la salud.

“Es una idea que planteamos; no queremos decir que sea esta la mejor forma, pero de no ser esta debe aparecer otra, porque este cambio es sumamente necesario”, concluyó.

Sobre infancias y adolescencias

Consultada por Teledoce sobre la situación de salud mental en infancias y adolescencias en nuestro país, la psiquiatra infantil y docente de la Universidad de la Repúbica (Udelar) Gabriela Garrido afirmó que “la pandemia ha agravado el panorama de consultas y también su complejidad”.

“No hemos respondido con la velocidad que requería la situación. Hoy todavía tenemos una respuesta enlentecida a las situaciones complejas. Y estamos todavía más lejos de responder oportunamente a nivel de los territorios, y de atención de primer nivel”, dijo.

“En síntesis, estamos llegando tarde. Y, si me preguntan, vivimos una situación de emergencia en salud mental en cuanto a infancia y adolescencia”, aseguró.