Mientras los asambleístas discuten la posibilidad de levantar por 60 días el corte de ruta y negociar con Cristina Fernández un monitoreo interno de la planta de UPM, se hizo oficial la presentación de la denuncia penal del Ejecutivo contra los activistas.

A través del decreto 828/2010, firmado el viernes a última hora por Cristina Fernández y que se publica hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó al procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa 57.839. En este expediente la Casa Rosada acusa civil y penalmente a diez asambleístas por una serie de delitos, incluyendo homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito, informa La Nación.

De acuerdo al decreto, "la ocupación indebida" del paso fronterizo internacional "ha implicado la comisión de diferentes ilícitos que comprometen una amplia variedad de bienes jurídicos públicos y privados tutelados por la Constitución Nacional y cuya detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado".

El decreto afirma: "Corresponde garantizar el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar permitiendo, en consecuencia, la circulación de los vehículos que transiten por las rutas nacionales y la totalidad de los pasos fronterizos".