Zubía: “Hay un descenso brutal de la punición; el sistema es de un buenismo escandaloso”

El senador colorado Gustavo Zubía lleva décadas siendo una de las voces más insistentes en Uruguay a la hora de pedir más mano dura contra la delincuencia. Exfiscal con más de 40 años de carrera, ha convertido la seguridad pública en su caballito de batalla. Desde la Fiscalía hasta la arena política, su diagnóstico no ha variado: los gobiernos de todos los colores han preferido la prudencia electoral a las decisiones difíciles.

A sus 73 años y luego de varios meses alejado de los medios de comunicación, el legislador repasa en entrevista con Montevideo Portal tres de los ejes del debate judicial y de seguridad —entre otros temas— que ocupan hoy la agenda política: la reforma del Código del Proceso Penal que negocia el Parlamento, la situación de la Fiscalía de Corte y el patrullaje con vehículos blindados del Ejército que anunció el Ministerio del Interior.

Zubía es pesimista sobre el éxito de sus iniciativas en el Parlamento —destaca que únicamente dos de sus principales proyectos han tenido luz verde— y, consultado sobre sus perspectivas de futuro en la política y de una futura mejora de los indicadores de seguridad pública en Uruguay, fue claro al decir que “lamentablemente, son pocas”.

¿Cómo vienen transcurriendo las negociaciones en torno al proyecto de reforma del Código del Proceso Penal y qué expectativa tiene sobre lo que pueda votarse?

El proyecto del Poder Ejecutivo es uno de varios que hay presentados en el Parlamento para la modificación del código. Son varias modificaciones, básicamente menores, que no afectan la estructura general del proceso que tenemos hoy. Yo considero que el proceso que tenemos hoy tiene graves deficiencias, importantes deficiencias, y que en algún momento se irán corrigiendo. Eso lo veremos en la discusión de ahora, pero las correcciones son necesarias.

¿Cuáles son esas correcciones que considera pertinentes?

Básicamente, el proyecto tiene dos o tres brazos. Uno de esos brazos ya fue eliminado por la LUC —la Suspensión Condicional del Proceso— y ahora se procura reactivarlo. Esa figura era un sistema por el cual, si cometías un delito y la pena era menor a tres años, quedabas en condiciones de, cumpliendo medidas alternativas, quedar sin antecedentes. No se te procesaba por ese delito.

Hablar en esos términos en el Uruguay de hoy lo considero una barbaridad, porque estamos transformando en impunes a personas que cometieron delitos, y eso no puede dar lugar más que a la desazón del ciudadano que ve que otro que comete un delito llega y le aplican la suspensión condicional y marcha para su casa a ver televisión. Ese mecanismo había sido eliminado por la LUC y ahora se procura reactivarlo.

Los otros dos brazos son el proceso abreviado y el proceso oral. El proceso oral es realmente un proceso de mucha garantía, pero tiene aproximadamente más de doce etapas que el fiscal debe cumplir, y es un peso brutal que los fiscales, incluso en número y dotación, no pueden sostener. Y el proceso abreviado es un proceso que se sigue en horas, en el que la persona detenida es sometida al fiscal y este negocia la imputación. El 97% de los procesos penales en Uruguay está en manos de ese proceso abreviado. Es una negociación de boliche —perdón que me exprese de esta forma, pero yo lo llegué a practicar durante seis meses antes de irme de la Fiscalía—.

Cada parte grita su oferta, se niega sin presencia de juez, eso queda entre el fiscal, el defensor y el imputado. Se puede cambiar el delito, se puede cambiar la imputación, se puede cambiar la pena, todo queda entre cuatro paredes, donde no hay control ninguno. Me parece que el sistema no ha caminado, ha generado grandes problemas y hay que modificar la estructura general.

¿Se puede pensar en una alternativa que sea un camino del medio entre el proceso oral y esa “negociación de boliche”?

Hay otros países que tienen un proceso intermedio —nosotros lo tenemos, pero no ha cuajado en su aplicabilidad—, un intermedio entre ese proceso que en un par de horas ya obtenés una sentencia condenatoria y un proceso que te lleva meses, como es el oral. En Chile lo tienen.

Hay que considerar también otro problema del abreviado: muchas veces el propio imputado se ve compelido a aceptar porque el fiscal le dice: “Si no aceptás, vamos a hacer el proceso oral y yo te voy a pedir ocho años; si aceptás hacemos el abreviado y te pido ocho meses”, y el tipo, aunque sea inocente, se pregunta a qué se enfrenta. Realmente ambos procesos son negativos.

El diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, presentó una iniciativa para modificar el mecanismo de subrogación del fiscal de Corte, para que el cargo sea ejercido en forma rotativa cada seis meses, cuestionando de alguna forma la continuidad de Mónica Ferrero. ¿Por qué piensa que tomó esa posición?

No puedo imputar intenciones. El camino de Cabildo Abierto, y de Perrone en particular, ha sido errático en muchas condiciones, un camino no claro. Actualmente su posición va en contra de la posición que asumió la coalición cuando le brindó apoyo a Mónica Ferrero. El presidente tiene ahora dos caminos: puede quitar a Ferrero, pero se le ha manifestado que no habría apoyo para la designación de otro fiscal de Corte, o puede apoyarla.

Ferrero ha dado muestras —como ciudadanos se cuentan con los dedos de la mano— de una posición férrea frente al delito. Soportó atentados contra su persona y su familia y al otro día manifestó que estaba en posición de combate. Ha demostrado con su actividad frente al narcotráfico, donde ha pedido procesamientos de todo tipo y color, un compromiso innegable. Es inentendible que haya posiciones en contra de una fiscal que ha demostrado semejante interés en enfrentar el delito. No comparto para nada las manifestaciones y proyectos de Perrone, y mucho menos que sean parte del alineamiento de la coalición.

En estos meses no surgió ningún otro nombre ni se pudieron acercar posiciones para darle un respaldo pleno a alguien en el cargo de fiscal de Corte. ¿Por qué?

No ha habido acercamiento porque es un cargo políticamente muy deseable, tanto para la coalición como para el oficialismo, en función de las capacidades que tiene de operar un fiscal de Corte. Yo lo he dicho hace años: un fiscal de Corte tiene las potestades que puede tener un presidente de la República, y en algunos casos mayores por la inmediatez en la toma de decisiones. Te imaginás lo apetecible que resulta ese cargo.

Hay que dejarlo en manos de personas con sapiencia, con conocimiento, con demostración de valor. Yo creo que Ferrero encuadra perfectamente porque ha hecho la prueba bajo el sistema de interinato y no merece ser descalificada. Las posiciones de coalición y oficialismo han sido claras y enfrentadas.

Usted planteó en Radio Sarandí que el patrullaje con vehículos blindados del Ejército era “la mayonesa” en una bandeja de comida. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para atacar el problema de fondo de la inseguridad?

El problema de fondo no lo ha querido atacar ningún gobierno. El de la coalición hizo esfuerzos por atacarlo, pero no llegó a completar lo que muchos esperábamos. Es un tema donde hay excesiva prudencia de parte del político que actúa, porque las consecuencias electorales de tomar decisiones duras son reales. Si te ponés firme frente a determinados sectores y frenás procesos de desconocimiento de la autoridad, esos sectores se te ponen en contra, y no querés tener ese problema electoralmente.

En Uruguay hay una mano blanda. Y entre paréntesis: ese 97% de procesos abreviados del que hablamos tiene un descuento de un tercio de la pena de entrada. ¿Cómo vamos a decir que no ha habido rebajas de pena? En Uruguay ha habido rebajas brutales de condena. Un tercio de pique ya lo tenés separado, y hay otros mecanismos para llegar a otros porcentajes. Además, con el abreviado podés discutir la figura delictiva: en vez de una rapiña, que tiene cuatro años de mínima, el fiscal puede aceptar que fue un hurto —“No lo amenacé, él se sintió amenazado”— y llevarlo a una figura con tres meses de mínima.

Hay mil formas allegadas a ese sistema de regateo por las cuales la penalidad desciende en términos sustantivos. Después ha habido, sí, algunas leyes específicas —en narcotráfico y algunas más— donde se ha endurecido puntualmente algún delito. Pero frente a lo que representa el descuento del tercio, el cambio de figuras, las libertades vigiladas y otras hierbas en el 97% de los casos, es un descenso brutal de la punición, y esa es la consecuencia de la situación que tenemos hoy. El sistema uruguayo es de un buenismo escandaloso.

¿Los vehículos blindados pueden tener algún efecto positivo a corto plazo?

En teoría, un efecto positivo muy pequeño, de incidencia absolutamente menor. La presencia de policía organizada en los barrios de alguna forma da un indicio. Pero pensemos cómo hemos llegado al punto en que el policía naturalmente no puede presentarse en esos barrios porque es agredido. Hemos visto en el pasado patrulleros huyendo, policías subiéndose rápidamente al vehículo para escapar de grupos que querían apedrearlos. A eso hemos llegado. Estamos tomando medidas de salvataje extremo mediante vehículos especiales. Es ridículo pensar que la solución al tema de seguridad viene por estos mecanismos materiales. La solución viene de mucho más profundo: entre otras cosas, de campañas que no se han hecho desde el Poder Ejecutivo para bajar los niveles de enfrentamiento que existen, y de políticas coherentes en cuanto a los niveles de represión y de perdón al delincuente. Hemos entrado en un sistema de perdón, de abolicionismo de normas regulatorias fuertes, y eso ha llevado a la situación que estamos viviendo.

¿A qué se refiere concretamente con las campañas publicitarias que no se han hecho?

A tratar de levantar el concepto de cumplimiento de las normas para la convivencia. Hay un decaimiento en la integración de esas normas por parte de determinados ciudadanos. Además de medidas represivas, necesitás medidas educativas fuertes, ejemplos, extensión de planos culturales. Habría que planificar campañas como alguna vez se anunció. El presidente Mujica, cuando se procuraba la legalización de la marihuana, anunciaba campañas de promoción sobre los beneficios y los perjuicios que podía tener esa medida. Eso no se hizo, eso no se hace, y el ciudadano medio ve que decaen los valores tradicionales y crecen en forma dramática los valores que hacen referencia a la no punición, a la no responsabilidad penal.

En el orden de factores que afectan la seguridad pública, ¿dónde se ubica el sistema carcelario?

Es un tema vital, sustancial. Sobre el que hemos hablado mucho: la coalición habló, el Frente Amplio habló de las imperiosas necesidades de reforma. Y, sin embargo, pasan los gobiernos y no se reforma la estructura general ni la independencia del sistema carcelario respecto al Poder Ejecutivo. El sistema es altamente negativo. Lo único que tenemos son discursos. Las realizaciones son mínimas y el sistema carcelario es medieval: solo recibís información cuando hay un hecho muy grave, como una muerte, pero no tenés información del constante ir y venir de todos los días.

Yo como fiscal pedí el procesamiento de un grupo de seis o siete personas que extorsionaban a 400 reclusos en los establecimientos. 400 personas apretadas. Se llamaba a la madre: “¿Querés recibir a tu hijo embolsado? ¿Querés ver cómo le doy ahora un puntazo?”, y el preso gritaba pidiendo auxilio. En Abitab encontramos cientos de contribuciones económicas para quienes administraban ese sistema. Esto lo estoy hablando de experiencia personal de hace años, porque me retiré de la Fiscalía en 2017. Lo que hace años era terrible, hoy debe ser insoportable. Pasan los gobiernos y la situación no se modifica.

¿Le hubiese gustado ser ministro del Interior?

Como gusto, no. Es una alimentación que es impropia para un ser humano que quiere mantenerse en forma. Pero como obligación, quizás, aunque no hubiera sido por gusto, habría tomado la conducción. Con enfrentamientos al otro día de todo tipo, de todo color, porque la situación es gravísima.

Tiene 73 años y este es su primer período como senador. ¿Cuál es el futuro próximo de Gustavo Zubía en la política uruguaya?

Es hablarme a mí mismo para no dejarme convencer por las brutalidades que uno ve. Los planes de redimir conciencias, de transformar en buenos a los malos, todos esos hermosos planes de todos los colores, yo no creo en ellos. No creo porque estuve durante 40 años conversando con los presos, en dos etapas. Cuando el individuo recién llegaba, era la madre Teresa de Calcuta. No había pegado ni al perro. Cuando sabía ya cuál iba a ser su destino, se volcaba en la verdad y te contaba lo que yo sé, y que todos los ciudadanos saben pero nos atrevemos poco a reconocer: la brutalidad del sistema.

Hemos retrocedido años y no estamos tomando las cartas para transformarlo. En este momento no veo salida. Necesitamos otro ministro con poder político propio para imponer reglas, como las puso Jorge Larrañaga. Él tenía un poder político propio que lo llevó a tener eficacia —aunque coincidió con la pandemia, yo discuto que la pandemia tuvo una influencia determinante; fue básicamente un ministro que transformó a la policía y la transformó moralmente—. Las expectativas que tengo de futuro, lamentablemente, son pocas. Simplemente, que no me arrastre la corriente hacia zonas que no quiero explorar.