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Política

El turco oficialista

Washington Abdala a Fiscales ante CIDH: Morabito, Antel Arena y otras “dilaciones”

El embajador uruguayo en la OEA discrepó con la posición de Willian Rosa sobre el “delicado estado de situación institucional”.

10.07.2024 19:35

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2024-07-10T19:35:00-03:00
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llevó a cabo este miércoles la audiencia solicitada por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), en la que la gremial denunció “un delicado estado de situación institucional”, en protesta por ataques desde el sistema político al Ministerio Público.

Luego de las exposiciones de Willian Rosa, presidente de la AMFU, y de Gastón Gianero, director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) —en defensa del gobierno—, quien tomó la palabra fue Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA.

“Los funcionarios públicos estamos sometidos a un principio que es el derecho a la crítica de los funcionarios públicos. Hay jurisprudencia de todo tipo en el Uruguay, y hay que saber que eso es un dato de la realidad. Es parte de la esencia del conversatorio democrático”, sostuvo.

“Los parlamentarios que manifestaron lo que manifestaron tienen todo el derecho del mundo a hacerlo”, agregó el exlegislador colorado.

En ese sentido, aseguró que no ha habido repercusiones “como para afectar a ningún fiscal”, sino que “son voces contra voces” y “eso es muy bueno para una sociedad democrática”.

“El tema de las filtraciones nos ha preocupado, pero más nos ha preocupado el tema de las dilaciones. Hay una enorme cantidad de casos que tienen una dilación descomunal”, afirmó.

Asimismo, Abdala listó varias causas que incluyó dentro de las señaladas “dilaciones”. “Hay un caso muy famoso, un mafioso narcotraficante, Morabito, que lleva cinco años. Un caso de una construcción edilicia, el Antel Arena, es un lugar de espectáculos; dos años y siete meses. El caso del Hospital Policial y un senador Carrera que habría utilizado… Lleva dos años de investigación y aún continúa sin ningún resultado. Licencias sobre el tema de sindicalistas, dos años. Un caso de Gas Sayago, una empresa, tres años. El sistema de cuidados, dos años y 10 meses. El 6 de agosto del 2021, el Ministerio de Desarrollo Social presentó a la Fiscalía más de cien denuncias”.

“Nadie es perfecto, todos tenemos complejidades”, comentó.

Acerca de las quejas planteadas por la AMFU, señaló que trata de “expresiones que son hirientes”. “El acoso, el hostigamiento, socavamiento, el tratar de amedrentar, eso no existe en el Uruguay. Si fuera así, habría habido algún resultado negativo entorno a la actuación de algún fiscal, y eso no ha existido”, manifestó el embajador.

“Si tuviera mérito suficiente el planteo que está haciendo la Asociación de Magistrados Fiscales, sería un delito, y tendrían la obligación de llevar adelante una denuncia específica entorno a una eventual violencia privada o lo que fuera, y no lo es”, agregó.

Según Abdala, “no hay un actuar concertado y sistemático” por parte del sistema político. “En un caso opina uno, en otro caso opina otro, en un caso opina un exfiscal, en otro caso opina un legislador. Eso es la democracia”, dijo.

“Lo que hay son voces fuertes, voces discrepantes. Pero también hay un protagonismo estelar de muchos de los fiscales que están buen tiempo en los medios de comunicación, explicando y expresando sus miradas y sus razonamientos”, sostuvo.

Abdala concluyó diciendo que, si bien reconocen a la AMFU como sindicato, “no es la mirada del Ministerio Público”.

Por su parte, Gianero aseguró que “considera injustificados los reproches formulados por la AMFU”. “La calificación de algunas situaciones como ‘hechos e irregularidades institucionales’, constituye un cuestionamiento a la fortaleza de la institucionalidad de nuestro país que, como Estado, nos resulta inaceptable”, afirmó el funcionario.

“Los Fiscales son servidores públicos cuyos fallos y conductas también están sujetas al ‘juzgamiento’ de los demás ciudadanos”, agregó.

“El Estado uruguayo desmentirá, en todos los ámbitos que sea necesario, cualquier intento de desacreditar la fortaleza institucional del país y la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio nacional”, afirmó.


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