Votar proyecto de tenencia compartida es votar “en contra de niños, niñas y adolescentes”

Este martes se someterá a votación en el Plenario el Proyecto de Corresponsabilidad en la crianza, aprobado por toda la coalición multicolor. El documento plantea “la justa distribución de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad” y señala que ambos padres tienen derechos y obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo de los niños y adolescentes, cualquiera sea el régimen de tenencia fijado judicialmente o por acuerdo.

En 2016, el actual presidente y entonces senador, Luis Lacalle Pou, presentó un proyecto de tenencia compartida elaborado por la organización Todo por Nuestros Hijos, grupo integrado en su mayoría por padres varones que reclaman por la tenencia de sus hijas e hijos. 

Con base en este proyecto, en setiembre de 2020 las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, junto al exsenador —también del Partido Nacional (PN)— Sergio Abreu, redactaron un nuevo documento bajo el título de Corresponsabilidad en la crianza, al tiempo que, de forma paralela, Cabildo Abierto presentó otro proyecto que se tituló Tenencia compartida responsable.

En principio, el sector Ciudadanos del Partido Colorado se había mostrado reticente a la aprobación de estos proyectos —que terminaron por unificarse—, pero finalmente se llegó a un acuerdo entre todos los partidos integrantes de la coalición.

Distintas organizaciones sociales que ya se habían pronunciado en contra de esta normativa volvieron a advertir a través de un comunicado que de aprobarse someterá a niños, niñas y adolescentes a “circunstancias intolerables y daño irreparable”.

Según indican en el documento difundido por redes sociales, la corresponsabilidad en la crianza es un derecho vigente en nuestro país y la tenencia compartida es una solución posible en nuestra legislación. “La evidencia [estadísticas del Poder Judicial] indican que la enorme mayoría de los progenitores resuelven de común acuerdo la tenencia de sus hijos e hijas”, señala el texto.

En este sentido, la doctora Carolina Camilo, integrante de la Asociación de Defensores Públicos, afirma que en la Justicia “no existe la tenencia conflictiva como un problema” porque, en general, los progenitores llegan a acuerdos.

Cuenta regresiva

A su vez, las organizaciones aseguran que uno de los aspectos más “regresivos y de altísimo riesgo” para los niños, niñas y adolescentes es otorgarle al juez la posibilidad de mantener el régimen de tenencia compartida habiendo medidas cautelares por denuncia de violencia de un progenitor a otro.

Alertan que, de acuerdo con la letra del proyecto, aun existiendo este tipo de medidas, “las visitas con el progenitor denunciado no se suspenden”.

“Someter a un niño, niña o adolescente a visitas o tenencia compartida con progenitores violentos es tortura. Este proyecto lo habilita. Es una acción de violencia institucional y una afrenta contra la infancia y adolescencia de nuestro país”, expresan.

“El principal problema que vemos que en Uruguay se repite mucho, pero que es una constante en los países de la región, es realizar cambios en las leyes sin base en la evidencia”, dice Luis Pedernera, del Comité Internacional de los Derechos del Niño.

Por su parte, desde la organización Varones por la Igualdad se repudia dicha normativa, ya que entienden que “legitima el ocultamiento de la violencia machista y patriarcal y desarma derechos”.

Asimismo, la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia manifiestan que el daño psíquico, físico y moral generado puede ser irreversible, al tiempo que exhortan a buscar una “mejor solución" que no exponga tanto a niños como a familias a “riesgos y sufrimientos innecesarios”.

Por su parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos señala que “preocupa” que el texto no incorpore, como parámetro a valorar para otorgar la tenencia compartida, la posibilidad de diálogo y buen relacionamiento entre los progenitores.

Por último, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia afirma que se debe evitar todo contacto de niño, niña o adolescente con la presunta persona agresora.