La ley de amnistía aprobada este jueves por unanimidad en un debate histórico en la Asamblea Nacional de Venezuela es presentada por el chavismo como la posibilidad de sentar las bases para un nuevo futuro político en el país suramericano, mientras que ONGs y opositores exponen dudas sobre la posibilidad de una reconciliación.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo sentirse “muy complacida” con la aprobación de la ley que, en su opinión, abre una puerta para que los ciudadanos se reencuentren y para que el país aprenda a convivir pacífica y democráticamente.
“Para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos, que prime el amor, el entendimiento, el reconocimiento”, añadió tras rubricar la legislación en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada del presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Diosdado Cabello.
La líder chavista sostuvo que hay que “saber pedir perdón y hay que también recibir el perdón”, algo que se abre ahora con la nueva ley. Igualmente, el presidente del Parlamento dijo a un grupo de periodistas en Miraflores que la amnistía puede sentar las bases para mirar hacia el futuro y para emprender un nuevo camino de paz en Venezuela.
La amnistía además llega en medio del “nuevo momento político” anunciado por Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, país que también abogó por la liberación de los presos políticos. La mandataria además pidió el cierre de la temida cárcel del Helicoide, señalada como centro de torturas por opositores.
Los diputados aprobaron conceder la amnistía sobre hechos o “faltas cometidas” durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
En el artículo 9 de la nueva legislación, se excluyen de la aplicación de la amnistía los delitos sobre violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas, así como delitos previstos en la ley contra la corrupción.
En el artículo 11 se indica que un tribunal con competencia en el delito imputado verificará la aplicación de la amnistía y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para su anulación, en un plazo “que no excederá de 15 días continuos”.
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero por el gobierno encargado. La mayoría de estos detenidos no ha recibido una condena y, de acuerdo a denuncias de familiares, ha habido retrasos en las audiencias de presentación ante tribunales y también en los procesos de juicios.
Con información de EFE.