Venció plazo para Aratirí, que se despide del país

Al terminar el plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines fue cancelado, después de años de especulaciones e idas y vueltas.

El plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la actividad extractiva venció hoy. Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse "a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias".

La directora Nacional de Minería, Leda Sánchez explicó al diario La República que el texto de la ley de Megaminería establece que el plazo para concretar el contrato entre Aratirí y el Estado es de 90 días a partir del 24 de diciembre de 2015, fecha en que firmó la caducidad del proyecto.

El plazo debía vencer el 24 de febrero pasado, pero una demora en la Dirección Nacional de Minería y Geología atrasó 30 días el trámite.

La caída del valor del hierro en los últimos años fue uno de los factores que incidieron en la falta de interés en el proyecto, aunque las organizaciones en contra de la iniciativa advertían desde hace tiempo que los yacimientos de Uruguay no eran suficientemente ricos como para justificar la explotación a cualquier costo.

"La realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional", aseguró el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería en un comunicado.

A partir de entonces, por el artículo 37 de la misma ley, el Estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las actividades exploratorias de Aratirí.

En diálogo con Montevideo Portal, el integrante de Uruguay Libre de Megaminería Raúl Viñas había asegurado que se trata del "momento más peligroso" para el país porque "Aratirí se está ahogando y está pegando manotazos de ahogado para ver si se lleva algo", en este caso vendiendo los datos al país.

"Si a ninguna empresa privada le interesan los datos ¿le van a servir a Uruguay?", razonó Viñas, asegurando que la información científica que podría obtener de esa zona del suelo "ya se tiene desde 1979". En la misma línea, puso en duda cuánto dinero debería pagar el país en caso de considerar que es necesario adquirirlo.

"Hay que tener en cuenta que es una empresa que primero dijo que invertía 60 millones de dólares y años después, sin haber hecho más nada, terminó diciendo que había invertido 300 millones. Algo se van a querer llevar", estimó.