Uruguaya gana juicio en Valladolid

Procomar Valladolid Acoge, entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin es atender los problemas de las personas extranjeras con una actitud pro inmigrante y no discriminatoria, fue condenada por el Juzgado de lo Social número 4 de la capital por tener a su servicio a una trabajadora uruguaya que cobraba la mitad de sueldo que le correspondía. La empleada, que se llama Ivanna Costa, es una licenciada en psicología que ejercía funciones propias de su titulación pero a la que se le ignoró su escalafón al momento de cobrar.

Ivanna comenzó a trabajar en Procomar el día 2 de marzo de 2009 y finalizó su vinculación laboral a finales de diciembre de ese año, periodo en el que desempeñó tareas de mediadora social intercultural para el colectivo rumano gitano de la provincia de Valladolid, según informó Europa Press.

Pese a que el tipo de trabajo implicaba responsabilidad de diplomado (Costa es licenciada en Psicología), la ONG abonó a su empleada el salario correspondiente al de una auxiliar administrativa. "Es como si hiciese fotocopias, cuando hacía 'intervención social'", explicó Ivanna a Montevideo Portal. "A mí las veces que pedí que me pagaran acorde con mi trabajo me decían 'no hay presupuesto', pero en mi cabeza no cabe eso del 'voluntariado obligado'", agregó.

La uruguaya optó primero por reclamar la cantidad justa, pero ante la falta de respuesta llevó el caso al Juzgado de lo Social número 4, que le reconoció el derecho a percibir el dinero adeudado, incluidos los intereses, por los diez meses de trabajo en los que cobró menos de lo correspondiente.

"Resulta notorio que las funciones que realizaba no pueden razonablemente reputarse como propias de un auxiliar administrativo, que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso, según instrucciones específicas y con un total grado de dependencia jerárquica y funcional", indica la sentencia.

Ivanna lamentó que una asociación sin ánimo de lucro, que defiende los derechos de los inmigrantes y lucha por la igualdad, la integración y no discriminación, incurriera en esta contradicción dentro de su propio staff de trabajadores y no predicara con el ejemplo su filosofía.

"La actitud que condeno es la hipocresía y la irregularidad o mal manejo de fondos (...) La ONG recibió dinero de la Diputación de Valladolid bajo un convenio mediante el cual se comprometía a contratar a personas cualificadas y pagar un sueldo estipulado para tal labor. La única persona cualificada que pasó por ese programa, fui yo, pero me pagaron como si no lo fuera, y, la diferencia de dinero es mucha", aclaró la psicóloga a Montevideo Portal.

"Creo en la solidaridad, pero esa ONG así como toda la Red Acoge en España me ha roto los esquemas", concluyó.