Uruguay respondió a Argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió por nota entregada este jueves a la embajada argentina en Uruguay la carta de intimación que remitió el gobierno de Cristina Fernández para que se suspenda la ampliación de la producción de UPM resuelta por el presidente José Mujica con la advertencia de que recurrirá a La Haya.

La misiva firmada por el canciller Luis Almagro, afirma que "Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay, y ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las Papeleras sobre el Río Uruguay".

Especificó que Uruguay "presentó su solicitud precisamente a través de los artículos 7 al 12 del mencionado Estatuto y procedió a autorizar el incremento cuando ya habían vencido los plazos allí establecidos, después de transcurridos más de 390 días desde el inicio del procedimiento".

Además, Almagro aseveró que nuestro país "no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor de la continuación del mismo y ha hecho propuestas en tal sentido".

Dijo que también "es necesario señalar de manera enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambiguedades que la Planta Orión de UPM no contamina".

"Estos resultados son coincidentes con los que viene realizando la autoridad medioambiental uruguaya desde el inicio de las operaciones de la planta en el año 2007", expresó Almagro y anexó a la nota el informe de los miembros uruguayos del comité científico.

Almagro detalló luego el trámite de la autorización del incremento de producción y sostuvo que "la República Argentina estaba en condiciones de comunicar al Estado uruguayo cuáles eran los aspectos del proyecto que podrían causar un perjuicio sensible a la navegación, al régimen del Río o a la calidad de sus aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones sugeridas al mismo", pero que "sin embargo, la Delegación Argentina ante la CARU continuó realizando sucesivos pedidos de información cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas, los que resultan de imperativo cumplimiento".
"Esta práctica desnaturaliza un mecanismo que tiene como objeto la consulta y el intercambio informativo. Es notorio que la posición de la Delegación Argentina ante la CARU, al rechazar sin más la solicitud uruguaya en la Sesión Extraordinaria de la CARU realizada el día 16 de abril del pasado año, prejuzgaba ya sobre la misma, anticipaba su rechazo y vaciaba de utilidad el posterior intercambio informativo a través un mecanismo que, tal como lo afirma la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 113 de su Sentencia, tiene como finalidad la de crear -a partir de la notificación del proyecto-, las condiciones para una cooperación fructífera entre las Partes, permitiéndoles evaluar los impactos del proyecto en el río y negociar, si fuera necesario, los ajustes requeridos para evitar los eventuales perjuicios que pudiera causar", protestó Almagro.

"Durante el transcurso de los plazos establecidos en los artículos 8 y 12 del Estatuto, la Delegación Argentina continuó efectuando reiterados pedidos de ampliación de información, pero no opuso una objeción formal al proyecto", añadió.

"Para Uruguay no es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información con el que cuentan las Partes conforme a los artículos 7 a 12 del Estatuto, se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo en el territorio de la otra Parte. Ello constituiría una flagrante violación de lo establecido en los párrafos 153 a 155 de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 y contrario a la naturaleza, el objeto y el espíritu del Estatuto del Río Uruguay", advirtió.

Agregó que el 1º de octubre llevó a Buenos Aires "una propuesta ambiciosa y constructiva" que "está destinada a facilitar un entendimiento para establecer un nuevo marco normativo en la CARU superador de la actual reglamentación, a la que nuestro país se ha ajustado estrictamente, pero que resulta insuficiente para que los dos países afronten en la CARU los nuevos desafíos en materia de prevención de la contaminación y se beneficien de los conocimientos técnicos y científicos acumulados durante estas décadas".

Recordó que se propone "ampliar el Capítulo V del Digesto de la CARU con nuevos parámetros y la incorporación del concepto de BATs, destinado a alcanzar un elevado estándar de protección para el Río; abordar varias de las problemáticas existentes como la presencia de fósforo en el Río a través de planes de acción específicos generales, pero también para la planta de UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú, de modo de alcanzar reducciones sustantivas de los aportes; implementar acciones para la elaboración de objetivos adicionales de calidad de aguas relativos a otras matrices ambientales, los que podrían luego ser incorporados al marco normativo, así como completar la instalación de los equipos para la medición continua de los efluentes descargados en la canaleta Parshall de UPM y de la desembocadura del Río Gualeguaychú y los de calidad del aire".

Señaló que se "sugiere avanzar en la mejora de los estándares sobre la base de disposiciones generales que tengan en cuenta las características de lo monitoreado hasta ahora, es decir, plantas industriales de las características de las de producción de celulosa, y afluentes que desembocan en el Río Uruguay, para comenzar a monitorear otras zonas del río a la brevedad posible de modo de continuar fijando estándares para los efluentes vinculados a trabajos agrícolas, otras producciones ambientales, los colectores de las ciudades, así como cualquier otra actividad que pueda modificar la calidad de las aguas del Río Uruguay".

"Esta iniciativa no solo refleja la buena fe y la buena disposición del Uruguay para continuar las negociaciones, hecho que no puede ser ignorado, sino que aporta una base concreta para avanzar en las mismas y poder alcanzar los más altos estándares internacionales para la protección del río, aplicables tanto a sus aguas como a los efluentes que se vierten en el mismo", comentó el canciller.

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