El día de ayer, en el marco de una audiencia privada de supervisión que tuvo lugar en Bogotá, el Estado uruguayo tuvo que rendir cuentas sobre lo que ha hecho para cumplir con la sentencia del caso Gelman, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hace ya 8 años, según informa el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional a través de un comunicado.
En este marco, las autoridades estatales reconocieron que "no han sido suficiente los esfuerzos y las acciones que han emprendido", asumiendo que "aún continúan sin cumplirse las reparaciones principales ordenadas por la Corte IDH".
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió sobre los principales obstáculos que no permiten que se avance de forma efectiva con lo ordenado, principalmente en materia de justicia.
"Entre otras trabas que impiden llegar a conocer la verdad y terminar con la impunidad frente a crímenes de la dictadura, hasta la fecha, no se han impulsado muchas investigaciones de oficio", señala el texto de Cejil.
Los órganos judiciales tampoco califican el delito como uno de desaparición forzada, de acuerdo a lo establecido por la Corte IDH. Esto lleva a que este tipo de violación no sea considerada como de lesa humanidad por los mismos y que, por ende, es imprescriptible.
Respecto de la búsqueda de personas desaparecidas, y en particular de María Claudia García Iruretagoyena, "los avances han sido prácticamente nulos", señala el comunicado.
"Lamentablemente, durante la audiencia, no hubo compromiso por parte del Estado, ni propuesta concreta alguna que otorgue la certeza de que se emprenderán acciones para encontrar a las 192 personas que continúan desaparecidas por la dictadura, según registros del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia", agrega.
"Esperamos que la resolución de supervisión que vaya a emitir la Corte IDH sirva para establecer de forma contundente los criterios que deben guiar las acciones del Estado uruguayo para avanzar en el cumplimiento de esta sentencia", dijo María Noel Leoni, directora del Programa para el Cono Sur y Bolivia de CEJIL.
Además de estas reparaciones, Cejil explica que el Estado uruguayo "no ha cumplido con lo ordenado por la Corte respecto a la capacitación permanente de sus autoridades judiciales en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas".
"Tampoco ha garantizado el acceso técnico y sistematizado a la información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales", añade el texto.
"Esperamos que el Estado uruguayo actué pronto y de manera efectiva para que Macarena Gelman, otros/as familiares de personas detenidas desaparecidas y toda la sociedad uruguaya pueda conocer la verdad, obtener justicia y poner fin a la impunidad", puntualizó Leoni.
Montevideo Portal
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