Reconocer a la empleada doméstica como una trabajadora con todos sus derechos exigió una transformación cultural en Uruguay, el primer país del mundo en ratificar la Convención Internacional sobre Trabajo Doméstico y que ahora apunta a aumentar la formalización del sector.
La mayor dificultad fue "incorporar un cambio cultural que reconociera a la trabajadora doméstica como una trabajadora con todos sus derechos", dijo a la AFP el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. "Existía una visión de que la trabajadora era alguien que colaboraba con la familia, que podía recibir una retribución a cambio pero lo hacía de manera discrecional por parte del empleador".
El trabajo doméstico está regulado en Uruguay desde noviembre de 2006, cuando una ley limitó la jornada laboral del sector a 44 horas por semana, reguló el descanso semanal, otorgó derecho al seguro de desempleo y de enfermedad y la fijación de los salarios mínimos mediante negociación colectiva, entre otros beneficios.
Desde entonces, de menos de 20.000 trabajadoras domésticas registradas en 2005 se pasó a más de 60.000, destacó Brenta.
"En términos de acceso a la cobertura de la seguridad social es un paso muy importante. Además se han sindicalizado", explicó.
De todas formas, se estima que todavía el 50% de los trabajadores del sector -en el cual el 99% son mujeres, según el gobierno- todavía no están registradas.
Antes de la ley "la mayoría de las empleadas domésticas estaban en negro", recordó Mabel Lorenzo, presidenta de la Liga de Amas de Casa, consumidores y usuarios de Uruguay y de la Federación de Amas de Casa del Mercosur.
En la Liga funciona desde hace nueve meses un consultorio jurídico laboral gratuito para empleadores del servicio doméstico, ya que "si bien la trabajadora doméstica muchas veces desconoce muchos de sus derechos y obligaciones, a la par los empleadores también desconocemos el alcance de nuestros derechos y obligaciones", explicó Lorenzo.
Aunque el incremento de la formalización incrementó los costos para el empleador, Lorenzo no cree que eso vaya a reducir la demanda por empleadas domésticas.
"Antes de pronto era algo que no se tenía tanto en cuenta en el presupuesto familiar. Ahora vemos que en el presupuesto incide el rubro trabajador doméstico. Pero creo que eso es un tema al que nos tenemos que acomodar todos", agregó, admitiendo que algunas de las nuevas disposiciones generaron resistencia entre los empleadores.
Para Nora Pacheco, fundadora del sindicato del servicio doméstico, "hubo y hay mucha resistencia en las amas de casa, en el interior (del país) principalmente. Pero enés a donde apelar, está en vos que hagas cumplir tus derechos".
"Al principio todo cambio es difícil, porque es un giro muy grande que se dio. Y hacer cumplir la ley nos costó muchos dolores de cabeza y muchos despidos", confesó Pacheco, que viajó el año pasado a Ginebra junto al gobierno y a Lorenzo para participar de los debates en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que terminaron con la aprobación del convenio mundial.
Empleada doméstica desde hace 15 años, todavía se emociona cuando recuerda el largo camino hacia la ley de 2006.
"Cuando nos convocaron al (primer) Consejo de salarios, el 19 de agosto, temblábamos, el teléfono se nos cayó al suelo, nos abrazamos. Éramos siete u ocho y nos pusimos a saltar y a llorar porque era algo histórico", aseguró.
Ahora la ley "se está cumpliendo pero hay que trabajar mucho y hay que concientizar principalmente a la trabajadora doméstica", sostuvo quien cree que si un día "se para el servicio doméstico, se para el país".
Para las amas de casa, en tanto, la meta es lograr un contrato de trabajo que establezca claramente las reglas del juego.
"Muchas veces las empleadas se quejan de que cuando fueron contratadas se les pidió un determinado número de tareas y después esas tareas se multiplicaron. Por otra parte, también nosotros nos sentimos defraudados muchas veces", explicó Lorenzo.
Desde el gobierno, el objetivo es aumentar la formalidad y para eso planea redoblar la fiscalización.
"La ley prevé inclusive la posibilidad de que la Inspección de Trabajo solicite una orden de allanamiento a la justicia para entrar a una casa cuando se niega el acceso a los inspectores", dijo Brenta, quien explicó que aunque el mecanismo nunca fue utilizado, se permite esa herramienta porque se trata de "un sector donde es posible la existencia de trata de personas".
La Convención entrará en vigencia tan pronto sea ratificada por al menos dos países.
Fuente: AFP