Uruguay no es paraíso fiscal, dice Ferreri

El Foro Global sobre Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales (OCDE) aprobó "por unanimidad" el informe técnico referido al caso uruguayo correspondiente a la Fase 2.

Según el Ministerio de Economía, esta resolución de la OCDE "refleja el compromiso de nuestro Estado en materia de transparencia y cooperación tributaria, así como del esfuerzo de organismos estatales y la colaboración de diversas organizaciones de la sociedad que se involucran para que los cambios normativos se implementen adecuada y eficientemente".

Para Pablo Ferreri, subsecretario de Economía, esta es "una muy buena noticia para Uruguay", y recordó que llegar a esta instancia "requirió esfuerzos y coordinación importante entre varios organismos públicos como la DGI, la Auditoría Interna de la Nación, el Banco Central, la Dirección General de Registros, coordinados por el Ministerio de Economía y Finanzas".

"Esto permite al Uruguay reafirmar su compromiso, validado por el resto del mundo en cuanto a la transparencia y al intercambio de información con fines fiscales", señaló Ferreri, e insistió: "Para una Nación cuya economía necesariamente tiene que estar abierta al mundo, esta es una muy buena noticia".

Este informe deja en evidencia que "claramente el Uruguay no es un paraíso fiscal", subrayó Ferreri, y añadió que, "muy por el contrario, es un país que cumple con los estándares internacionales, a tal punto que está en la misma categoría hoy que países como Chile, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra o Italia".

Ferreri encomió las acciones llevadas adelante en las anteriores administraciones frenteamplistas, que permitieron que Uruguay dejara de integrar listas "oprobiosas" como "la Lista Gris", y que el país dejara de ser considerado como un paraíso fiscal.

En ese sentido, recordó que "se tomaron una serie de medidas que podemos remontar en primer lugar a la reforma del Sistema Tributario uruguayo de 2007, momento en el cual se produjo, por ejemplo, la eliminación de las SAFI [Sociedades Anónimas Financieras de Inversión], que habilitaban movimientos off shore. Luego, Uruguay comenzó a firmar acuerdos de intercambio de información tributaria con muchos países [...] y también se hicieron ajustes a nuestra normativa que tienen que ver con el levantamiento del secreto bancario con expresa autorización judicial, o a lo que tiene que ver con un registro de accionistas para las sociedades anónimas al portador".