Uruguay “no cumplió normas mínimas” para eliminar la trata de personas, según informe

El gobierno de Uruguay “no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, indica un informe elaborado por la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.

Sin embargo, la publicación reconoce que la administración “está tomando importantes medidas” para lograr alcanzar dichas normas mínimas, ya que “demostró haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior”.

El informe analiza la situación durante 2024, en comparación con 2023; es decir, los dos últimos años de la gestión del entonces presidente Luis Lacalle Pou.

“El trabajo realizado incluyó condenar a más tratantes, identificar más hombres adultos víctimas de trata con fines de explotación laboral (incluso en el sector minero), coordinar la prestación de servicios a víctimas con un organismo internacional y tomar medidas para reducir la vulnerabilidad de los migrantes”, establece el texto difundido este miércoles.

Según la investigación, en 2024 se iniciaron 20 investigaciones de trata, 10 menos que las registradas en 2023. En tanto, la Justicia imputó a 27 presuntos tratantes el año pasado —ocho por Ley de Trata—, a diferencia de los 31 presuntos tratantes imputados en 2023 —uno por Ley de Trata—; a nivel de condenas, hubo cuatro en 2023 vinculadas a dicha norma, pero ninguna en 2024.

“El gobierno no informó sobre sentencias para los tratantes condenados por quinto año consecutivo por motivos no especificados”, asegura la publicación.

A su vez, se identificaron 286 víctimas de trata en 2024 (32 hombres, 44 mujeres y 210 menores de edad), a diferencia de las 208 víctimas (1 hombre, 38 mejores y 169 menores) el año anterior.

Finalmente, el informe hace una serie de recomendaciones para Uruguay, entre las que se encuentran: mejorar la búsqueda proactiva de indicadores de trata entre poblaciones vulnerables; asignar un presupuesto especifico para luchar contra la trata de personas y/o aumentar los fondos públicos o privados asignados a servicios para las víctimas, y aumentar la cantidad de servicios y refugios públicos o privados para víctimas de trata.