El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó este domingo que el ex presidente peruano Alan García Pérez, a quien se le investiga por colusión agravada y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht en Perú, solicitó asilo a Uruguay.
En un breve comunicado, la cartera peruana informó que el Embajador uruguayo en Perú recibió en la noche del sábado a Alan García Pérez, quien ahora está a la espera de la decisión del gobierno uruguayo para definir su asilo.
El ex presidente ha solicitado asilo a ese país, conforme a lo dispuesto por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son parte el Perú y Uruguay.
Según informó El País, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa hará lugar al pedido y aceptará la solicitud de asilo político. También en un breve comunicado, la Cancillería uruguaya informó oficialmente que está evaluando la solicitud a merced de una "tradición en materia de asilo".
La solicitud del ex presidente peruano se da hora después de que el Poder Judicial de ese país le dictara un impedimento de salida por 18 meses, mientras se lo continúa investigando por sus implicancias en el caso Odebrecht en Perú.
La Fiscalía peruana solicitó el pasado jueves esta medida de restricción contra García, presidente entre los años 1985-1990 y 2006-2011, en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación del Metro 1 de Lima.
El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, valoró el sábado que "existen suficientes elementos de convicción" para declarar fundada la medida.
Sánchez consideró que documentos entregados por Odebrecht en el marco de una colaboración eficaz con la fiscalía brasileña, infieren que el dinero que García recibió de la empresa provenía de fuente ilícita, por lo que señaló que "amerita no solo la investigación en este caso, sino la imposición de la medida a fin de que los hechos sean aclarados".
El caso de García entró en una espiral insospechada el pasado jueves, cuando el exmandatario llegó a Perú procedente de España, donde reside habitualmente, para declarar ante la Fiscalía por este caso.
Sin embargo, nada más presentarse ante las autoridades, García fue informado que la investigación en su contra se ampliaría por los delitos de colusión y lavado de activos, al tiempo que medios peruanos publicaron información procedente de Odebrecht que parece confirmar que García habría recibido 100.000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por medio de la empresa del abogado José Américo Spinola.
Según el fiscal, en ese pago "se habrían realizado actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento", propias del delito de lavado de activo.
El objetivo de la petición de la fiscalía de impedir que García salga de Perú fue para evitar que eluda el proceso, como ya hizo en 1992, cuando se exilió en Colombia y luego vivió en Francia, hasta que en 2001 se declaró que había prescrito una acusación por presunto enriquecimiento ilícito durante su primer mandato (1985-1990).
Luego de conocerse este pedido, el actual presidente peruano, Martín Vizcarra, descartó que en ese país haya una persecución política contra García.
"No existe persecución política en el Perú, y todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones", expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter, donde solo unos segundos antes compartió el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en el que daba cuenta de la solicitud realizada por García.
Asimismo, señaló que reafirma el compromiso de su Gobierno con "el respeto irrestricto de la división de poderes, la Constitución y los tratados internacionales".
Montevideo Portal y EFE
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