La Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, decomisó US$ 1.800.000 tras una investigación en la que los hijos de una psicóloga brasileña desviaron y se apropiaron indebidamente de los fondos que había heredado una paciente. 

Según informó el Ministerio Público, la víctima habría recibido un “importante patrimonio” por la herencia de su esposo, hecho del que la psicóloga tomó conocimiento y ofreció que su hijo “cuidara” los intereses de la víctima, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad. 

En ese marco, el hijo de la psicóloga le aconsejó a la víctima “trasladar el dinero a Brasil” para “ponerlo a resguardo”.

A fines de 2019, la administradora de la sociedad transfirió desde una cuenta corporativa a la suya personal el total de US$ 1.800.985. Esto se hizo mediante tres movimientos consecutivos fechados en: el 09/12/2019, 02/01/2020 y 03/01/2020.

En noviembre de 2021 se hizo otro movimiento por US$ 10.000 y la cuenta de la víctima quedó con solamente US$ 1.606. Con los US$ 1.789.985 apropiados, adquirió valores bursátiles por USD 1.600.048, depositados en su cuenta bancaria.

Al mismo tiempo, la Fiscalía detectó diferentes transferencias a dos ciudadanos extranjeros que son titulares de diversas sociedades en Uruguay del tipo SAS. Ambos declararon no tener participación efectiva en la gestión de las empresas, lo que reforzó la hipótesis de que actuaban como testaferros. Los registros de la Dirección General Impositiva mostraron que ninguna de estas sociedades declaró actividad económica durante los períodos analizados. 

El Ministerio Público aclaró, gracias a la declaración de los contadores que constituyeron las sociedades, que los supuestos titulares fueron designados por los propios investigados quienes habrían pagado para que dichas personas figuraran formalmente, ocultando así la verdadera titularidad del esquema, informó la Fiscalía a través de su página web. 

Finalmente, en octubre de 2024 se ordenó la detención de los dos principales sospechosos. Las personas no comparecieron dentro del plazo legal de seis meses, lo que habilitó la aplicación del decomiso de pleno derecho, disponiéndose todos los activos (dinero) y valores existentes a la Junta Nacional de Drogas.

Si bien no hay condenados, la Fiscalía consiguió un fallo histórico al lograr decomisar todo el dinero.